La Fiscalía planteó revocar las medidas sustitutivas de la que gozan cuatro exfuncionarios de la Alcaldía cruceña investigados por la adquisición del Equipo de Monitoreo Móvil (EMM), por un valor de Bs 3,7 millones. Además ampliará la imputación por los delitos penales de falsedad material y falsificación de documentos.
El fiscal Iván Ortiz señaló que pedirá la detención preventiva para las cuatro personas que están con medidas sustitutivas, poco después de que Carlos Padilla, propietario de la empresa Army Security que vendió el dron y camión de monitoreo, fuera remitido a la cárcel de Palmasola después de revocarse las medidas sustitutivas con la que se benefició el 18 de marzo.
Dentro del caso dron hay cinco personas imputadas por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Padilla fue el primero en ser remitido a Palmasola.
Mientras que otros cuatro exfuncionarios de la Alcaldía, Ernesto Peterson exdirector de Seguridad Ciudadana; Marisabel Barrero exresponsable administrativa de área técnica de Seguridad Ciudadana; Jhonny Huari extécnico y José Caudas exsecretario de Defensa Ciudadana, están con medidas sustitutivas.
Ortiz informó que en el allanamiento realizado a las instalaciones de la empresa Westeco se encontraron documentos de la contratación del dron, por lo que se decidió citar a declarar al propietario de la compañía Paúl Cuellar para la próxima semana.
“De acuerdo a la documentación recopilada durante el allanamiento se encontró información en sentido de que el dron había sido adquirido a $us 60.000 y Army Security lo había vendido a la Alcaldía a $us 90.000”, afirmó Ortiz.
