El ministro de Educación, Roberto Aguilar, aclaró el viernes que solo se anuló la resolución 4875 que otorga el título en provisión nacional al abogado Eduardo León, porque se constató que presentó una libreta de servicio militar «inexistente», y no se anuló sus estudios ni su diploma académico.
«Lo que queremos dejar claramente establecido es que no se ha anulado ni estudios en la UMSA del señor León ni estudios de la Universidad Contemporánea, sino la resolución que le otorga el título en provisión nacional», explicó a los periodistas.
Recordó que la resolución 4874, que le otorgaba el título en provisión nacional, fue emitida el 13 de diciembre de 1999 en apego al Reglamento de Otorgación de Títulos, que el Ministerio de Educación aprobó en 1997.
«En 1997 el ministerio de Educación dice que para obtener el título en provisión nacional se deben presentar algunos documentos necesarios, y entre esos requisitos se establece de manera directa y obligatoria presentar la fotocopia de la libreta de servicio militar legalizada por la autoridad competente», sustentó.
Aguilar explicó que León presentó sus documentos y adjuntó una libreta de servicio militar, por lo que el Ministerio de Educación le otorgó el título en provisión nacional.
Recordó que, mediante una nota suscrita por el Ministerio de Defensa por las instancias pertinentes, se establece que la libreta del servicio militar que presentó en 1999 «no existe en ninguno de los registros», llegando a la conclusión de que no tiene valor legal en ninguna instancia pública.
«Lo que hemos hecho en las facultades que tiene el Ministerio de Educación, y ante el conocimiento de que un documento presentado como válido en su momento para la tramitación de su título es un documento inexistente, falso y no tiene valor legal, hemos inmediatamente establecido la anulación de la resolución ministerial», puntualizó.
La pasada semana el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, calificó de «ilegal» la anulación del título en provisión nacional y pidió revocar esa resolución emitida en 1999.
De igual manera, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera, calificó de «irregular» esa revocatoria.
