Dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y autoridades del Gobierno definieron un cuarto intermedio en el díalogo que sostienen en busca de una solución al conflicto por el cierre de Enatex. El óbice del debate es el régimen laboral que debe amparar a los trabajadores de la nueva firma (Senatex) que recibirá a un grupo de los obreros que quedaron cesantes.
Según los sindicalistas, hay un 80% de avance en las negociaciones para resolver el conflicto generado por el cierre de esta empresa estatal, cuyo proceso se avalúa esta tarde en un ampliado nacional.
“La propuesta del Gobierno es que los compañeros estén bajo el régimen transitorio, una vez mostrados los excedentes o las ganancias recién estuviesen migrando a la Ley General del Trabajo. Es importante que el ampliado analice estos aspectos”, señaló Guido Mitma, máximo ejecutivo del ente matriz de los trabajadores en declaraciones a la radioemisora Patria Nueva.
La mañana de este lunes ambos frentes retomaron el diálogo con mensajes de optimismo, no obstante la discrepancia generada en la definición del régimen laboral que acogerá al Servicio Nacional de Textiles (Senatex) que fue creado en lugar de la Empresa Nacional de Textiles (Enatex).
Los trabajadores exigen la reincorporación de unos 180 trabajadores de la textil a la nueva empresa, pero bajo el amparo de la Ley General de Trabajo y los beneficios que de ella devienen.
Según el Gobierno, esto generaría un déficit inicial en la nueva firma estatal. “Eso implica muchos costos. Un aspecto que inicialmente le daría insostenibilidad”, advirtió el ministro de Educación, Roberto Aguilar.
“Una vez dado el apliado nos vamos a reunir con el Gobierno, con el Vicepresidente para tratar estos temas, (…) las resoluciones son claras y consideramos que van a rechazar (la propuesta)”, vaticinó Mitma, quien desde las 14.30 se reúne con los delegados de todo el país quienes sostienen la amenaza de un paro indefinido si las negociaciones no llegan a buen puerto.
“¿Dónde nos hemos estancado? Que estos 180 compañeros deben estar bajo la ley general del trabajo y deben ser restituidos a sus fuentes de trabajo cualquiera sea la empresa”, explicó el dirigente.
Existen otros compromisos previos que se alcanzaron en la reunión del domingo, que abren el camino a una posible solución al problema, como la abrogación de la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público para sustituirla por la Ley del Servidor Público; y la estabilidad laboral en el resto del aparato productivo del país.
Además, el Ejecutivo se comprometió a no cerrar otras empresas públicas y ratificar a través de norma que “los argumentos empleados” para el cierre de la textilera pública no sean aplicados en las empresas privadas. (04/07/2016)
