A quién le pertenece la Justicia? Ante el reclamo popular de reformar el sistema judicial del país, ha surgido una corriente de resistencia de quienes esperan continuar explotando el modelo colonialista impuesto a los usuarios y usuarias de la Justicia en Bolivia. Queda claro que el cambio no será iniciativa de los políticos, ni de los jueces, ni de los fiscales, ni de los policías, ni siquiera de los abogados. La razón es simple. Así como está, la Justicia los protege y les garantiza privilegios a costa de quienes viven en la necesidad y la carencia.
Dichos grupos pretenden limitar las propuestas de cambio que la Cumbre de Justicia Plural pretende impulsar a superficialidades intrascendentes. Intentarán promover “consensos” para limitar el cambio al mínimo aceptable para todos; cambiar el sistema de elección de las autoridades jerárquicas; digitalizar expedientes; agravar las sanciones disciplinarias; modificar los Códigos; acortar plazos procesales; aumentar el número de juzgados y el presupuesto judicial. En resumidas cuentas: maquillaje, maquillaje y más maquillaje.
La Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC) debe ser el faro luminoso que ayude a evitar el naufragio de la Justicia Ordinaria. De ésta hemos aprendido que la Justicia no es ni puede ser monopolio de los abogados. También hemos aprendido que el acceso a la Justicia significa dar un servicio de gestión de conflictos con eficiencia, cercanía, oralidad, celeridad y participación ciudadana (experiencias que impulsan las iniciativas de centros de conciliación y mediación comunitaria, justicia vecinal, justicia restaurativa, entre otros). Ante todo, la Justicia debe ser un servicio y ser más accesible a los sectores vulnerables, como niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con escasos recursos económicos, entre otros.
Es momento de efectivizar los principios constitucionales que deberían regir la Justicia Ordinaria (Art. 180 de la Constitución Política del Estado): audiencias orales, públicas y transparentes; decisiones judiciales inmediatas; celeridad de verdad y, ante todo, calidad de servicio con participación y control ciudadano.
En el camino habrá avances, retrocesos y estancamientos. Ninguno de ellos debe entenderse por sí solo como éxito o fracaso de la transformación de la Justicia, porque ésta es continua e incesante. La cumbre no marca la meta, sino la dirección para el inicio de la travesía. El cambio debe ser una iniciativa ciudadana; por tanto, los movimientos sociales deben integrar y dirigir todas las comisiones e instancias que supervisen el cumplimiento de los mandatos que emanen de la cumbre.
La reforma judicial es un reclamo colectivo en el medio de nuestras diversas diferencias. Las y los delegados a la cumbre tienen la responsabilidad de desacreditar aquellas propuestas de cambios insustanciales o superficiales al sistema judicial. Sin duda habrá disensos y desacuerdos, pero éstos son el combustible necesario para la transformación. La falta de consensos es un buen síntoma cuando éstos pretenden usarse como protección cómplice a las aves carroñeras que no terminan de deshuesar el cadáver de la Justicia.
Esperemos que una potente avalancha democrática destruya las estructuras actuales de la Justicia boliviana, en un espíritu de genuina renovación con participación ciudadana. Esperemos que dicho espíritu venga de las voces activas y presentes de los movimientos populares y sociales, como protagonistas principales de la Cumbre de Justicia. ¿A quién le pertenece la Justicia? A quienes no la tienen. Y ya es hora de que la Justicia esté realmente al servicio de los más débiles.
