Todos los cambios que se propongan en la Cumbre de Justicia serán inútiles y caerán en el vacío si no se mejora el presupuesto del Órgano Judicial, que es el más bajo de la región y el mundo. Actualmente sus recursos representan el 0,56% del Presupuesto General de la Nación (PGN). Es decir que este fundamental Órgano del Estado agoniza con un presupuesto de sobrevivencia, por lo que de nada servirá cambiar jueces, aprobar nuevas leyes, implementar mecanismos anticorrupción y otros, buscando mejorar la Justicia, si se mantiene este mísero monto para su funcionamiento.
Para una población de 11 millones de habitantes, Bolivia tiene apenas 1.000 jueces, lo que significa que para cada 11.000 personas hay un juez; siendo la situación del Ministerio Público peor que la judicial. Actualmente hay jueces en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba que atienden hasta 3.000 procesos, por lo que es humanamente imposible resolverlos en los plazos que señala la ley y con el debido estudio, situación que incide directamente en la mala calidad del sistema judicial y en el fomento de la corrupción.
¿Cómo se puede descolonizar, modernizar y mejorar la Justicia en tan deplorable situación económica del Órgano Judicial? Las regalías de la nacionalización han incrementado los presupuestos de las gobernaciones, alcaldías, universidades, poder central, etc., pero no han llegado al sistema judicial, que es la cenicienta del Estado. Este sector no tiene independencia económica, como lo tiene por ejemplo la Asamblea Legislativa, que aprueba su presupuesto autonómicamente; mientras que el Órgano Judicial depende de un porcentaje fijo del presupuesto del Estado, lo que lo subordina inevitablemente al gobierno de turno en el poder. Entonces, sin independencia económica, nunca existirá independencia judicial.
Por eso, los sectores que llegan a la Cumbre con propuestas temerarias como el destituir a todos los jueces o agravar las penas contra éstos, como condición para mejorar la Justicia, están totalmente desubicados si tales medidas no se acompañan con un mejor presupuesto para el sector judicial. La Justicia necesita urgentemente recibir por lo menos el 3% del PGE, para triplicar el número de jueces y fiscales, mejorar la infraestructura, incorporar medios tecnológicos en el equipamiento de las salas de audiencia, mejorar los mecanismos de investigación en el Ministerio Público y, desde luego, mejorar la situación económica de sus operadores, única condición para lograr la modernización, independencia, eficacia e imparcialidad de la Justicia.
Lamentablemente en la agenda a debatir en la Cumbre de Justicia no figura de manera prioritaria el tema presupuestario, por lo que, anticipamos, los resultados de este evento serán tan inútiles, intrascendentes y ociosos, como los resultados de las tres cumbres anteriores.
