Un total de 10.811 presos colombianos que permanecen en prisión a la espera de sentencia saldrán de las cárceles entre el 6 y 7 de julio de este año, informó este miércoles el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño.
Los detenidos, que serán liberados en base a la ley 1760 que fue sancionada el 6 de julio del año pasado, están acusados de delitos comunes como «hurtos menores, lesiones menores o inasistencia alimentaria», según explicó Londoño a Caracol Radio.
«Hay personas que llevan hasta cinco años privados de libertad sin que se resuelva su situación y eso es inhumano», agregó el ministro.
En este sentido, destacó que el año pasado esta ley, que calificó de «bienintencionada», fue sancionada pero tenía «el problema de que no diferenció entre delitos especiales y ordinarios».
De este modo, quienes han cometido «delitos especiales» como el genocidio, la desaparición forzada, el terrorismo, el homicidio agravado o el concierto para delinquir, no saldrán en esta ocasión sino que tendrán un año más de margen.
Londoño explicó que entre las razones por las cuales se tomó esta decisión hay «un aspecto filosófico de la libertad como derecho fundamental».
Además, se tuvo en cuenta «lo que puede costarle al Estado», ya que «se calcula que en demandas por privación no legal de la libertad (las sanciones) suben casi a 25 billones de pesos (unos 8.161 millones de dólares», si bien no especificó en qué margen de tiempo recibió Colombia esas penas.
Asimismo, agregó que «el deshacinamiento de las cárceles» es otro principio que mueve la decisión.
Cifras de distintas organizaciones indican que el hacinamiento carcelario en Colombia supera el 56%.
En este sentido, Londoño detalló que «en los últimos quince o veinte años, la infraestructura carcelaria ha crecido un 120% y los detenidos el 340%».
«La construcción de cárceles no es la solución definitiva porque así construyamos cárceles, si los detenidos siguen subiendo en esa proporción geométrica va a ser imposible», concluyó.
(25-05-2016)
