Entre 1964 y 1982, Bolivia vivió 18 años de cruentas dictaduras, periodo en el que un gran número de personas fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas y perseguidas por razones políticas. En contraposición a la democracia, la dictadura es un régimen de facto impuesto por la fuerza que desconoce las libertades, atropella los derechos humanos y proscribe los partidos políticos, los sindicatos y toda forma de organización social opuesta a los intereses oligárquicos. Han pasado 34 años del retorno a la democracia en Bolivia y hasta la fecha la mayoría de los que perpetraron estos actos repudiables están en la más completa impunidad. ¿Qué nos ha pasado para ser el único país del Plan Cóndor que no ha constituido una Comisión de la Verdad?
En esos largos y tenebrosos 18 años de dictaduras, el general Hugo Banzer tuvo la más larga participación, con siete años en el poder (1971–1978). Entró a sangre y fuego derrocando cruentamente al general progresista Juan José Torres. No es posible saber exactamente el número de víctimas de su asalto al poder; pero en los registros de la Asociación de Familiares, Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) se documentan muchos casos de desaparecidos y asesinados. La cifras llegan a 51 personas desaparecidas, sin tomar en cuenta el número de asesinados en cárceles y en enfrentamientos.
El gobierno de Banzer participó en el Plan Cóndor, operativo de represión antiizquierdista instrumentado por los gobiernos militares de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia. Durante ese periodo, Bolivia suministró información sobre el movimiento de los entonces llamados “subversivos” que se encontraban en territorio nacional principalmente a Chile y Argentina, y viceversa. Durante su administración se inició el boom del narcotráfico en Bolivia, que seguiría durante toda la década de los 80.
Lo mismo desaparecía en Bolivia José Daniel Arroyo Rasgido, minero de Tipuani, como en Argentina Leonardo Benito Choque Cosme. No todos estaban vinculados a actividades políticas, tal es el caso del estudiante de Ingeniería salteño Nils Alfredo Casson Coria o de Sergio Coro Buitrago, estudiante de Avicultura de La Plata que fue detenido mientras buscaba una vivienda barata en un lugar allanado. Fueron también implacables con los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes fueron exterminados gradualmente; entre ellos, el chileno Joaquín Samuel Corveti, Nicolás Salvador Dorza Caballero y Rodolfo Abel Elguero Suárez.
En el centro de represión de Achocalla se torturaba y mataba de forma casi institucionalizada. Por allí estuvieron Rainer Ibsen Cárdenas, estudiante cruceño asesinado en junio de 1972, al igual que Enrique Ortega Hinojosa, cuya familia demandó al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH por su asesinato.
Uno de los casos notables es el de la recuperada nieta Carla Rutilo. Su padre, el uruguayo Enrique Joaquín Lucas López, fue asesinado el 17 de septiembre de 1976. Su pareja, Graciela Rutilo, y su hija fueron entregadas a la represión argentina el 29 de agosto de 1976. Graciela terminó en la Escuela de Mecánica de la Armada argentina (Esma), donde también la asesinaron; y la hija quedó en poder del represor Eduardo Ruffo. La incansable lucha de su abuela Ilde Artés permitió recuperarla y juzgar al represor.
La familia Sandóval Morón fue brutalmente perseguida por oponerse al golpe de Banzer. El ingeniero agrónomo Alcides Sandóval Morón fue torturado y después arrojado desde un avión. Su hermano Félix, médico de profesión, también fue asesinado en Santa Cruz. Los responsables de este crimen fueron el entonces prefecto cruceño Widen Razuk Abrene; Ernesto Morant Lijerón, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (DIC), Óscar Menacho Vaca, jefe de la Dirección de Orden Político (DOP); Percy González Monasterio, subjefe de la DOP; Guillermo Banzer Ojopi y Justo Sarmiento.
En 1983, la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos (CNID) identificó como responsables de las desapariciones y asesinatos durante la dictadura a Hugo Banzer Suárez, Mario Adett Zamora, Rafael Loayza, Guido Benavidez, Galo Trujillo, Carlos Valda, Jorge Balvian, Daniel Cuentas, Carlos Mena, Víctor Barrenechea, Tiky Otero y a Gómez Casas; así como también a los médicos Jaime Mendieta Saracho y Javier Vergara Jiménez. Hasta la fecha no se ha esclarecido la verdad de los hechos ni juzgado a los responsables. Por ellos y por muchos más: ¡Comisión de la Verdad ya!
