Entre 1964 y 1982 Bolivia vivió 18 años de cruentas dictaduras, periodo en el que un gran número de personas fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas y perseguidas por razones políticas. En contraposición a la democracia, la dictadura es un régimen de facto impuesto por la fuerza que desconoce las libertades y atropella los derechos humanos, proscribe los partidos políticos, los sindicatos y toda forma de organización social opuesta a los intereses oligárquicos. Han pasado 34 años del retorno a la democracia en Bolivia y a la fecha la mayoría de los que perpetraron estos actos repudiables están en la más completa impunidad. ¿Qué nos ha pasado para ser el único país del Plan Cóndor que no ha constituido una Comisión de la Verdad? Quizás la reciente condena en Argentina de 15 responsables del sinestro plan pueda sensibilizar al Estado boliviano para asumir esta responsabilidad.
En esos largos y tenebrosos 18 años de dictaduras culminaron con el narco-gobierno golpista del general Luis García Meza (1980-1981). Fue el último asalto al poder del ciclo contemporáneo de dictaduras militares. Las corrientes fascistas asociadas al narcotráfico impulsaron el golpe al corto mandato constitucional de Lydia Gueiler. Bandas de militares y paramilitares encabezadas por el coronel Luis Arce Gómez secuestraron y asesinaron a decenas de “rojos”. García Meza es el único dictador juzgado, condenado y encarcelado por 30 años sin derecho a indulto.
Curiosamente, el juicio contra García Meza estuvo enmarcado en el contexto de gobiernos denominados neoliberales. ¿Por qué los gobiernos “revolucionarios” y “antineoliberales” no han hecho algo contra la impunidad?
En los registros de la Asociación de Familiares, Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) se documentan más de 70 víctimas. Recordemos, entre otros, a Juan de Dios Aramayo Vallejos (desaparecido), estudiante tarijeño, militante del MIR, alias Juan Pueblo, encargado de la campaña electoral del sector sur de Potosí. Aramayo fue detenido el 19 de julio de 1980 en La Quiaca y entregado a autoridades bolivianas en Villazón. Un mes después desapareció del cuartel de Tupiza. Probablemente fue ejecutado y enterrado en la mina Bolívar o en una fosa común fuera del cuartel. Los presuntos responsables de este hecho serían el Cnel. Emilio Lanza Armaza (comandante del regimiento Chichas de Tupiza), el Cap. Luis Cossio Virhuet, Roberto Flores y los paramilitares Montes y Martínez.
Ariel Baldivieso (desaparecido), agrónomo, militante de la Juventud del Partido Comunista de Bolivia, expresidente de la FUL de Tarija. Baldivieso fue exiliado en 1965 y también durante el gobierno de Banzer. Regresó a Bolivia en 1978 y desapareció en 1980 intentando trasladarse a Potosí.
Gregorio Escalera Mendoza (desaparecido), agricultor y dirigente campesino vinculado al MNR y MNRI; fue detenido el 11 de octubre de 1980 en Mallcorrancho, Chinchilla Cochabamba. Los presuntos responsables de este hecho serían Héctor Lozano, exalcalde de Vinto, y el suboficial Filiberto Tórrez.
Marcelo Quiroga Santa Cruz (desaparecido), destacado dirigente político, creador del Partido Socialista 1 (PS1), parlamentario promotor del juicio político al dictador Banzer y bajo amenaza del Gral. Luis García Meza. Fue el principal objetivo de la toma por paramilitares de la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) donde se reunía el Comité Nacional de Defensa de la Democracia el 17 de agosto de 1980. Renato Ticona Estrada (desaparecido), músico y estudiante de Agronomía; fue detenido el 23 de julio de 1980 en la tranca de Cala Cala, cerca de la ciudad de Oruro, junto con su hermano Hugo, estudiante de Ingeniería. Ambos viajaban inermes por razones familiares. Tal fue la golpiza que recibieron por parte de los soldados del regimiento Topáter que terminaron en el centro de urgencias médicas de la clínica Urme de Oruro. Hugo se recuperó y salió posteriormente en libertad. Pero Renato, inconsciente y probablemente paralítico, desapareció luego de ser visto en el Estado Mayor en La Paz. La familia demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con resultados favorables.
Entre los asesinados se registran, entre otros, a Julio Cossío Meruvia, minero de Catavi que el 5 de agosto de 1980 participó en la decisión de organizar una huelga; dos días después fue detenido con violencia en su domicilio y llevado al Servicio Especial de Seguridad de Oruro (SES).
Luego de ser golpeado brutalmente, fue llevado a la Clínica Urme, donde falleció el 17 de agosto de 1981 por “infarto del miocardio”, según el certificado de defunción. Marcelino Zeballos Rivera, militante del MNRI y dirigente de los colonizadores, el 24 de julio de 1980 fue asesinado por militares cuando salió a dialogar para evitar la toma del pueblo Cantón Bella Vista (Nor Yungas). Por ellos y por muchos más, ¡Comisión de la Verdad ya!
