Desde el 2013 al menos seis personas públicas abandonaron Bolivia con el argumento de recibir presiones desde el Gobierno de Evo Morales. El periodista Carlos Valverde decidió “resguardarse” en Argentina, luego de denunciar tráfico de influencias y un supuesto hijo de Morales y Gabriela Zapata. Otro periodista se fue a Brasil.
“Ahora sí, aviso que estoy en Buenos Aires, Argentina, no estoy asilado, estoy ‘a resguardo’; la presión política (Quintana y Paco, sobre todo, tras de la interpelación y con de prensa respectivamente) era muy fuerte, de manera que haciendo caso a amigos y compañeros periodistas, decidí tomar distancia (sic)”, escribió en su cuenta en Facebook.
Valverde, conductor del programa “Esto es todo por hoy” denunció el 3 de febrero tráfico de influencias entre el Gobierno y la firma china CAMC, de la que era funcionaria Gabriela Zapata, expareja del Presidente. También reveló la existencia de un hijo, del que hasta el momento no se conoce su existencia y que desató toda una polémica.
Otro que siguió similares pasos fue el director del periódico digital Sol de Pando, el periodista Wilson Mérida, quien el 12 de mayo informó de su decisión de refugiarse en Brasil luego de que se conociera que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, le inició un proceso judicial por el presunto delito de sedición. Ésta es la segunda vez que Mérida sale del país argumentando resguardo de su integridad. La primera fue el 14 de octubre de 2012.
El 24 de abril de 2013, el exsenador de la extinta Convergencia Nacional (CN) Roger Pinto, quien estaba refugiado en la embajada de Brasil en La Paz desde el 28 de mayo de 2012, abandonó la legación con ayuda de funcionarios diplomáticos. Enfrentaba más de 20 procesos judiciales por acusaciones de corrupción, destrucción de bienes del Estado y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos comunes.
Marcelo Soza, fiscal que investigó el caso Terrorismo, pasó de investigador a investigado. Huyó a Brasil y tramita refugio político con el argumento de ser un perseguido de la administración del presidente Morales. Desde el exterior denunció que el caso, donde fueron abatidos tres de los cinco miembros de la célula irregular y vinculada la cúpula política-empresarial cruceña, fue armado.
El 16 de diciembre de 2015, el dirigente indígena Adolfo Chávez anunció que estaba fuera de Bolivia y que pediría asilo político. Fue vinculado con manejos irregulares en el ex Fondo Indígena. “No hay garantías constitucionales”, aseguró y se conoció se afincaría en Ecuador, aunque no se conoce mayores detalles.
Otro de los casos que ocupó la agenda mediático es el del peruano Walter Chávez, quien gozaba de refugio político en Bolivia. El 16 de mayo de 2016 huyó a la Argentina burlando el control migratorio, según se conoció después. Fue detenido en Salta por denuncias de relaciones con el terrorismo y 65 días después recuperó su libertad y tramita su refugio.
En la lista también figuran personalidades como Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, por la violencia y muertes de octubre de 2003; Branko Marinkovic y otros por denuncias de relacionamiento con el caso Terrorismo; y las exautoridades departamentales Mario Cossio y Mánfred Reyes, acusados de hechos de corrupción.
