Una comisión que estará conformada por integrantes del Legislativo y el Órgano Judicial tendrá la responsabilidad de llevar a cabo las propuestas de la Cumbre Judicial. La Razón, en su edición impresa de este domingo, presenta el debate que generó la aplicación de la pena de cadena perpetua.
La propuesta para incorporar la cadena perpetua como castigo para el delito de violación a niños y niñas seguido de muerte (además, de la sumatoria de penas) tropieza con el colapso de las cárceles del país.
Constitucionalistas han calificado de “inviable” la prisión de por vida y aseguran que Bolivia no tiene la capacidad económica y social para dar soluciones estructurales al colapso de su sistema carcelario. Algunos consideran que el objetivo de la Cumbre Judicial era crear las condiciones para abrir la Constitución Política del Estado (CPE).
“Al endurecer las penas no se elimina la criminalidad; hay muchos Estados que tienen penas duras y aunque no deberían tener altos índices de criminalidad, es todo lo contrario”, señaló el abogado constitucionalista y exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) José Antonio Rivera.
El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, explicó que la propuesta planteada en el encuentro de Sucre (10 y 11 de junio) también choca con convenciones internacionales.
“La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene el principio de progresividad y en Bolivia se ha estableció como pena máxima en materia penal 30 años de prisión. Como Estado se estaría dando un retroceso”, señaló.
La Razón publica, en su edición impresa de hoy, el debate que generó en el país esta propuesta que planteó el vicepresidente Álvaro García Linera en la apertura de la Cumbre Judicial, además de los datos sobre la capacidad carcelaria que tiene el país.
