De todo hay en la viña del Señor, reza un conocido refrán en alusión a la existencia de cosas buenas, otras no tanto y también malas; y que describe, en cierta manera, la situación actual de las más de 60 empresas estatales recuperadas por el Gobierno en los procesos de nacionalización o creadas por razones estratégicas orientadas al cambio de la matriz productiva.
Si se evaluasen todas las empresas estatales del país, previsiblemente las conclusiones sobre su desempeño y aporte al Estado variarían de un caso a otro. Por tanto, el mejor análisis comprendería un examen individual, y a partir de ello podrían identificarse a las firmas que por sus resultados son valiosas para la economía nacional en términos de rentabilidad, creación de empleos, generación de divisas y aporte tributario. Estas cuatro dimensiones debieran marcar la gestión empresarial pública y definir la continuidad o no de una empresa estatal en función a su posicionamiento respecto a cada uno de estos cuatro elementos. A partir de ello, podría ser útil construir una clasificación de entidades estatales.
Sin embargo, para poder sistematizar esta forma de evaluación primero se debe generar un sistema de seguimiento, control y valoración que exponga la situación de cada empresa de manera permanente, de forma tal que sea posible tomar decisiones estratégicas y operativas de manera oportuna ante las diferentes coyunturas que todo emprendimiento encara cotidianamente.
Segundo, procurar que la gestión ejecutiva, comercial y operativa esté a cargo de personal debidamente calificado, que además tenga la suficiente experiencia laboral y profesional para alcanzar los mayores estándares de eficiencia, productividad y calidad en la provisión del servicio o producto.
Un tercer factor relevante es la continua adecuación a las necesidades del mercado, y esto implica que cada empresa tenga la capacidad de innovar en todos sus aspectos, evitando quedar obsoleta y ser objeto del cese de sus operaciones; lo cual acarrearía la pérdida de puestos de trabajo, activos productivos y valiosos recursos financieros. Finalmente, se debe priorizar la inversión estatal en cada empresa, asegurándose de que la capacidad de generar valor agregado y rentabilidad compense los riesgos asumidos.
Estas cuatro condiciones, enmarcadas en una visión empresarial estratégica alineada a las políticas productivas de Estado, resultan esenciales para que cada emprendimiento público se constituya en el líder de su sector, lo que a su vez contribuiría a acelerar el proceso de industrialización del país, que por ahora se deja esperar.
Estos son principios universales de administración empresarial que evitan la improvisación, y consecuentemente la pérdida de valor, que al final se traduce en menos inversión, menos tributos, menos utilidades y menos empleos.
