Ana acudió a la Policía de la ciudad de Santa Cruz para pedir protección por la violencia de su marido. Una versión dice que el uniformado que la atendió le dijo que estaba fuera de hora de oficina, y le pidió que regrese al día siguiente. Otra versión dice que Ana fue a oficinas de la Policía Internacional (Interpol) donde le dijeron que debía ir a la oficina de protección contra la violencia. Esa noche, al volver a casa, su cónyuge la roció con gasolina y le prendió fuego. Tras 11 días de agonía falleció.
Un poco antes, en la ciudad de La Paz, estudiantes de la carrera de Agronomía y autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés realizaron una manifestación y un plantón frente a la Fiscalía para exigir que se abra el caso de dos estudiantes de esa carrera que fueron abusadas y asesinadas mientras se encontraban realizando un trabajo de campo, como parte de la elaboración de su tesis de grado. Los fiscales a cargo tipificaron las muertes como sendos suicidios y cerraron ambos casos.
Unas semanas antes, una mujer vendedora en un mercado de La Paz fue apuñalada en la mano por su marido y solo los gritos de auxilio del hijo mayor le salvaron la vida. La mujer y sus dos hijos fueron echados de la casa que ella había construido con su esfuerzo, según su testimonio, y vivió durante varios días en un puesto policial del centro de la ciudad de La Paz.
Las organizaciones de mujeres que se preocupan por la violencia han revelado que el 40% de los municipios del país (que suman 339) no ponen en práctica ni asignan recursos para ejecutar lo que dispone la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Esto significa, entre otras cosas, que no existen casas de acogida para proteger a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
Esas organizaciones afirman que han solicitado a las máximas autoridades de la Policía la permanencia de por lo menos tres años del personal que es capacitado para atender en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), pero esas autoridades no les llevan el apunte, lo que perjudica la campaña por una vida libre de violencia.
Los episodios sobre cómo no se cumple la Ley 348, aprobada en 2013, son interminables.
A la sombra de los hechos consumados uno se pregunta: ¿cómo es posible que, en plena campaña contra este flagelo social, uno o más policías no auxilien a una mujer que va en busca de protección y la despachen con el argumento de que se equivocó de oficina?; ¿que más de 100 municipios no apliquen ni cumplan lo que dispone la Ley 348 tres años después de su promulgación; que el marido se apropie y eche de la casa a sus mujer e hijos y nadie los auxilie, en aplicación precisamente de la mencionada norma; que los mandos policiales no ayuden con el personal capacitado; que los magistrados que cierran casos de feminicidio al tipificarlos como suicidio sigan como fiscales y caminando, libres, en las calles?
Todos estos protagonistas (los fiscales, los altos mandos policiales, los policías de bajo rango, el Ministerio de Justicia —que no protege legalmente a la víctima—, más de 100 alcaldes y concejos municipales) han incumplido e incumplen sus obligaciones y deberes. Es fácil, si hay voluntad política, ahí están los responsables de que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia sea para muchas víctimas poco menos que una cruel caricatura.
