Tras la sentencia del boliviano Luis Sillerico Condori y el argentino Juan Manuel Correa, encargados de un taller textil clandestino que se incendió y causó la muerte de seis personas en marzo de 2006, a 13 años de prisión el martes pasado, el Ministerio de Trabajo de Argentina puso en marcha el Registro Nacional de Talleristas, al cual deberán afiliarse quienes realicen prendas de vestir, fabricación de calzados, marroquinería y talabartería con el fin de combatir el fraude laboral y el empleo en condiciones de trata.
Según la agencia Télam, el Ministerio definió como talleristas a las personas o empresas que hacen elaborar por obreros a su cargo mercaderías recibidas de un patrono o intermediario. La categoría incluye además a quienes adquieren mercaderías para las tareas accesorias a las principales, que hacen realizar por cuenta ajena.
«Quienes no se inscriban en el registro, o no actualicen sus datos, serán excluidos del régimen previsto en el Estatuto del Trabajo a Domicilio y serán considerados empleadores en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo”, explicaron a la agencia fuentes del Ministerio.
Todo aquel que contrate con un tallerista deberá solicitar a la cartera laboral el Certificado de Inscripción del tallerista a contratar, según se detalló.
El Ministerio creó también la Coordinación de la Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular (Uefti) con el objetivo de analizar, investigar y evaluar situaciones de trabajo no registrado en sectores complejos de fiscalizar, así como todas las formas de subcontratación ilegal y fraude laboral y a la seguridad social.
Entre sus acciones, explicaron en la cartera, «figura la de conformar y dirigir un cuerpo de inspectores profesional e interdisciplinario, que aborde en el ámbito nacional sectores complejos de fiscalizar, con alta presencia de situaciones de fraude laboral y a la seguridad social, así como todas las formas de subcontratación ilegal».
La Uefti propondrá, en ese sentido, operaciones tendientes a detectar y combatir las situaciones de trabajo que contravienen la normativa laboral.
Según Télam, la resolución se conoce luego de que la Justicia sentenciara el martes pasado a 13 años de prisión efectiva a los dos capataces del taller clandestino que funcionaba en Luis Viale 1269, en el barrio de Caballito, que se incendió en 2006 y provocó la muerte de seis personas -cinco de ellos menores de edad-, a la vez que ordenó que se investigue a los dueños de las marcas de ropa y a policías e inspectores que habían ido al lugar antes de la tragedia.
Se estima que en Argentina radican al menos dos millones de bolivianos, donde la mayoría trabaja en talleres para la confección de ropa. La muerte de las seis personas visibilizó la problemática de los talleres clandestinos en el que trabajan la mayoría de los ciudadanos bolivianos.
