El malogrado caso de corrupción en el ex Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc) dio un importante giro la semana pasada con la acusación y detención preventiva de la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo. Con ella son más de 100 los imputados por proyectos inconclusos o inexistentes con recursos del fondo. El juicio debe concluirse sin más demora.
Todo empezó oficialmente en febrero de 2015, en plena campaña electoral para los comicios subnacionales, cuando un informe de la Contraloría General del Estado reveló que había al menos 153 proyectos observados en el Fondioc. Unos quedaron a medias en su ejecución, otros directamente eran proyectos “fantasmas”. Se habló entonces de un potencial daño económico al Estado de Bs 71 millones. Nada menos. Claro que con anterioridad hubo advertencias y denuncias sobre malos manejos, pero no fueron procesadas.
Desde el reporte de la Contraloría han transcurrido 18 meses y el caso sigue pendiente de resolución en los juzgados. La investigación del Ministerio Público ha imputado a 103 posibles responsables, incluida la otrora influyente Achacollo, hoy en la cárcel de Palmasola. La expresidenta del directorio del Fondioc es acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Hay otros 44 detenidos, entre ellos importantes dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas.
El Fondo Indígena, que constituyó un avance sustantivo en el reconocimiento estatal de derechos colectivos, se creó en 2005 en el gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez Veltzé. Una década después fue intervenido por malos manejos: “duele mucho, pero tengo que decirles, vamos a intervenir (el Fondo), caiga quien caiga”, anunció el presidente Morales el año pasado. Así, lo que en su momento marcó un punto alto como conquista de las naciones y pueblos indígena originario campesinas hoy está en cuestión.
¿Qué falló en el Fondioc, concebido “con la finalidad de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas”? Se mencionan como debilidades, entre otras, la frágil constitución de una unidad de apoyo técnico que vele por el diseño y ejecución de los proyectos, tardías auditorías y falta de seguimiento, tensiones y pugnas de liderazgo en las organizaciones beneficiarias, y ausencia de control social.
Tras el desastre de malos manejos que dejó en los últimos años, el Fondo Indígena está en proceso de reestructuración y relanzamiento bajo el principio de priorizar programas sociales con fines productivos. Más de 18.000 comunidades rurales en el país requieren este apoyo para emprendimientos agropecuarios y agroforestales. Lo que tomará más tiempo; entretanto, resulta esencial despejar el estigma de corrupción asociado no a las organizaciones ni “a los indígenas”, sino a exautoridades y dirigentes.
