Hace tres años participé en una investigación sobre los formatos y estilos de la representación política en Bolivia. En esa pesquisa se constató que la actuación parlamentaria de los representantes de los transportistas, cocaleros y, sobre todo, de los cooperativistas mineros estaba presidida por una inocultable impronta corporativista. En 2009 fueron elegidos siete representantes de los mineros cooperativistas, entre titulares y suplentes, en las listas del MAS. Asimismo, en Oruro y Potosí estaban presentes tanto en las asambleas legislativas departamentales como en los concejos municipales. Pero más relevante que su número era la calidad de dicha representación, pues a esos delegados se les había conferido una suerte de mandato imperativo: aprobar leyes para beneficio de sus mandantes.
Fueron muy eficientes. En esa legislatura se aprobaron rápidamente dos leyes de alta utilidad para ellos: la venta del oro al Banco Central mediante su empresa comercializadora y la tasa de IVA cero. Además les fueron concedidas áreas mineras de reserva fiscal y créditos por un valor de Bs 192 millones destinados supuestamente a la compra de maquinaria. Posteriormente, en 2014 fue aprobada la Ley Minera, que reconoce a su favor importantes fueros.
La fuerza de estas organizaciones, sindicales, gremiales o empresariales, reside en los recursos de poder que despliegan; por una parte, en su capacidad de influencia en las altas esferas de poder y, por otra, en la capacidad movilizadora de sus bases para presionar al Gobierno. En el caso de los cooperativistas, un sector que emplea a 100.000 personas, ese capital político es el voto potencial de medio millón de electores.
En realidad, la representación corporativa es solo la punta de una intrincada madeja en cuyo núcleo encontramos prácticas de intercambio político entre organizaciones sociales y el Estado. Estas formas de acción están socialmente institucionalizadas; es decir, son invisibles porque asumen la ambigua forma de la lealtad y la reciprocidad. Aunque se desarrollan en un espacio paralelo al orden jurídico, ellas son el andamiaje real del poder. Pero, ¿qué se intercambia? Bienes públicos (leyes, créditos, inversiones, cargos) a cambio de lealtad política, neutralidad en el peor de los casos; y en el caso de los cooperativistas, votos por recursos públicos. Pero también se transan bienes simbólicos: el Estado reconoce a ciertas organizaciones como interlocutores válidos y los instituye como sujetos políticos; ese reconocimiento fortalece la identidad y la cohesión interna del colectivo que negocia.
Los intercambios políticos funcionan maravillosamente en épocas de crecimiento económico. En cambio, en momentos de carestía se interrumpen bruscamente, los intereses colisionan; la política deja sus artificios; y vuelve la Bolivia turbulenta.
