En enero, la Dirección Departamental de Educación (DDE) determinó el cierre definitivo del colegio privado paceño Panamerican School, ubicado cerca de la plaza Abaroa, porque “no reunía las condiciones de funcionamiento de una unidad educativa”. A pesar de esta determinación el colegio siguió operando, pero se trasladó a otro inmueble con mejores condiciones. De todas maneras, por la resolución antes mencionada, sus 105 alumnos no fueron inscritos en los registros oficiales. Y en días recientes, a raíz del reclamo de una madre porque no le entregaron la libreta de su hijo por no pagar las pensiones, la DDE se enteró de este irregular funcionamiento, por lo que advirtió a los padres de familia que inscriban a sus hijos en otros establecimientos, ya que los registros de Panamerican School no tienen validez. El problema es que a estas alturas del año ningún otro colegio los va a recibir.
Ciertamente los funcionarios del DDE deben preocuparse y ocuparse por hacer cumplir la norma; pero ante todo deben salvaguardar los derechos de los estudiantes. De allí que en este caso urge que las autoridades se esfuercen por buscar una alternativa creativa a la letra muerta de las normas, que evite que los alumnos de Panamerican School pierdan el año escolar, con todos los perjuicios y gastos que una privación de este tipo conllevaría.
