Las naciones emiten su sentencia moral, se pronuncian contra la inoperancia de los órganos estatales, la parcialidad de la Justicia, la irresolución de los magistrados, la pérdida inadmisible del bien común. Ante ello se expresa con generalidad creciente la opinión pública, la cual dicta su juicio inapelable y testimonia la conciencia nacional formada en el debate ciudadano, y que se consolida en momentos decisivos de la historia.
Se manifiestan las naciones del continente contra la incapacidad, la corrupción, la violencia y la falta de derechos; contra todos los males que se han extendido y son producto de errores colectivos, malas decisiones gubernativas y de las instituciones que olvidaron su misión fundamental. Errores colectivos de los gobernantes, por sus actos impropios en el ejercicio de sus funciones; así como de las instituciones, por no haber asumido cabalmente el rol que demanda la ley y el interés general; pero también de los ciudadanos, al no haber sabido exigir a los elegidos indispensables cualidades, tal y como lo señalaba el jurista latinoamericano Luis Sanojo, y que son, entre otras, “aptitud, independencia e interés decidido por la cosa pública”.
Cuando no se honran los deberes públicos, ni las facultades concedidas, ni se castigan los delitos, ni se corrigen los errores son condenables sus autores.
“El Presidente es un ciudadano como cualquier otro, que viene a desempeñar accidentalmente y por corto tiempo un encargo que le han confiado sus conciudadanos; es un mandatario, y sería absurdo eximirle de darle cuenta a su mandante de la manera en que ha desempeñado el mandato”, expresaba Sanojo en su Estudio de Derecho Político, al tratar la responsabilidad funcionarial.
Nadie puede negar a las naciones sus derechos irrenunciables ante las graves realidades que padecen, y por lo cual debe escucharse y respetarse su voluntad soberana. Entorpecer la voluntad popular a través de requisitos formales indebidos para impedir el ejercicio de la revocación del mandato político, imponiendo una reglamentación con excesivos lapsos y ratificaciones reiteradas, puede ser un ejemplo de conducta antidemocrática, que cometida por un gobierno que se debe al mandato popular desdeciría de su origen y de sus obligaciones nacionales e internacionales.
El caso de Venezuela es preocupante en razón de la grave crisis que confronta, y su solución demanda en términos políticos la convocatoria este año de un referéndum revocatorio del actual Presidente de la República, tal y como está previsto en su actual Constitución. Nada más conforme a la democracia que consultar al pueblo su irrevocable voluntad.
