La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) atribuyó a la minería ilegal el conflicto que dejó un muerto y varios heridos en la población de Lajilurisani del municipio de Pelechuco, en la provincia Franz Tamayo de La Paz.
Una comisión, integrada por la Policía, las Fuerzas Armadas, técnicos y abogados de la AJAM partió este jueves al lugar para intervenir y frenar la violencia.
Gabriela Pantoja, directora de Fiscalización y Coordinación de la AJAM, explicó que no entregaron autorizaciones para actividad minera en la zona y se aplican medidas restrictivas.
Además, garantizó que la institución hace cumplir el fallo de un juez de Viacha, que el viernes pasado concedió la tutela a la acción popular presentada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) y determinó la suspensión de las actividades mineras ilícitas en los ríos Beni y Madre de Dios y sus afluentes, además en los ríos Alto Beni, Kaka, Tuichi, Quiquibey y Tequeje.
“Preliminarmente estamos hablando de minería ilegal, estamos en dos zonas bastantes conflictivas del área protegida Apolobamba, también hay algunas cuadrículas en el área protegida Madidi. Como es de conocimiento público, también ya hay medidas restrictivas totales de la actividad minera en el parque Madidi”, explicó Pantoja.
Reconoció que la minería ilegal cunde en el norte de La Paz y Beni con presencia de grupos irregulares armados y comunidades que muchas veces protegen este ilícito.
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AJAM
Identificó aproximadamente 31 derechos mineros legalmente otorgados en el Madidi; sin embargo, dijo que no se puede cuantificar la cantidad de puntos de minería ilegal debido a que proliferaron, sobre todo en Apolobamba, donde no existen restricciones.
Asimismo, dijo que como AJAM se ven impedidos de ingresar al sector sin apoyo de la Policía o las Fuerzas Armadas porque hay comunidades que rechazan su presencia.
“El problema es que todo ese sector está rodeado de comunidades y de grupos irregulares, entonces el relevamiento que hemos hecho es a través de los guardaparques y denuncias realizadas”.
Respecto a los enfrentamientos del miércoles, dijo que de inmediato realizaron un relevamiento de gabinete, uno técnico y otro legal, para saber si en el área existen derechos mineros o solicitudes en proceso.
La información obtenida señala que no existe ningún derecho minero. “Aparentemente son grupos irregulares o intentos de iniciar actividades de minería ilegal”. Explicó que se activará una georreferenciación del sector para identificar si tiene algún tipo de autorización.
Operativos
“La AJAM no ha otorgado derechos en la zona; sin embargo, hay derechos que fueron otorgados antes de la Constitución Política (de 2009) y antes de la Ley 535, y que son reconocidos. Nosotros tenemos que adecuarlos, pero para hacerlo tienen que acreditar una serie de documentos y además también se ha pronunciado a través del Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) que el objetivo es poco a poco eliminar estas actividades que se han constituido antes”.
Dijo que la AJAM alista nuevos operativos no solo en La Paz, sino a nivel nacional para intervenir en áreas donde la minería ilegal está proliferando. Actuarán, además, con apoyo de otras instituciones para impedir la venta, por ejemplo, de combustible, que es empleado para el ilícito.
El miércoles, comunarios de Lajilurisani denunciaron que fueron atacados por un grupo de personas, supuestamente contratadas por empresarios mineros que pretenden realizar actividad minera en el sector.
