A dos días de que el Gobierno entregue su respuesta escrita a las demandas planteadas por el sector cooperativista minero, el presidente Evo Morales anticipó hoy el rechazo a las peticiones de caracter empresarial y cuestionó que el sector busque asociarse con privados para explotar los recursos naturales que le «pertenecen al pueblo boliviano».
El mandatario denunció que “hay supuestas cooperativas mineras” que tienen el carácter de empresas y, bajo este argumento, aludió a una de las principales demandas del sector, que se refiere a la modificación de los artículos 132 y 151 de la Ley de Minería y Metalurgia con el objetivo de suscribir contratos de asociación con firmas privadas, algo que el Gobierno rechaza por considerar que vulnera la Constitución Política del estado (CPE).
“Lo peor es que nos piden que ellos también puedan firmar contratos con privados nacionales o extranjeros. Ellos no son Estado, no son republiquetas. Los recursos naturales, por Constitución, son de todo el pueblo boliviano”, sostuvo el gobernante antes de emprender viaje hasta República Dominicana, donde participará de la asunción al mando del electo Danilo Medina.
“Son demandas inatendibles, son indeseables. Es como volver al pasado, a la privatización”, añadió Morales, quien además lamentó que “algunos dirigentes estén conduciendo mal las cooperativas mineras”.
El Ejecutivo, a través de los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Minería y Metalurgia, César Navarro, anticipó la anterior semana que no podrá atender esta exigencia porque vulnera la Constitución pues solo el Estado goza de la prerrogativa de firmar contratos con empresas privadas para la explotación de recursos naturales.
Otra demanda urgente del cooperativismo minero es la liberación de 10 afiliados detenidos en la penitenciaría de San Pedro de La Paz, quienes fueron imputados por los delitos de tenencia, porte o portación ilícita de armas; atentado contra bienes públicos; atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado; lesiones graves y leves; y tentado contra la seguridad de bienes públicos.
Este asunto, según el Gobierno, es de competencia exclusiva de la Justicia. “Los detenidos no pueden ser un tema de negociación”, afirmó Romero.
Cooperativistas mineros y autoridades del Gobierno fijaron el miércoles 17 como plazo tope para definir el futuro del conflicto que la anterior semana dejó decenas de heridos en bloqueos carreteros que fueron intervenidos por la Policía.
El Gobierno redacta una respuesta escrita a las demandas del sector, en tanto los cooperativistas debaten este lunes en un ampliado sobre el pliego petitorio y los detenidos para así definir los términos en que retomarán el miércoles el diálogo con el Gobierno.
“En algunos departamentos hay repudio no solamente a la violencia de los mineros cooperativizados, sino a sus demandas inatendibles… que caen por su propio peso”, subrayó Morales, quien tiene previsto retornar al país el miércoles para la inauguración de la Escuela Antiimperialista. (15/08/2016)
