La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles una actualización de las normas de telecomunicaciones y derechos de autor que pone en el punto de mira a plataformas como YouTube o Google News en la lucha contra la piratería, y busca el desarrollo de redes 5G, la conexión a banda ancha para todos y el wifi público.
«Proponemos evitar la piratería y que las plataformas de internet concedan remuneración justa a las editoriales y los creadores. Esto, naturalmente, va a lanzar un amplio debate en la opinión pública y en la Eurocámara y el Consejo», reconoció el comisario europeo de Economía y Sociedad digitales, Günther Oetteinger, en una rueda de prensa para explicar las propuestas.
Impulsar a nivel europeo una directiva sobre derechos de autor que modernice la actual de 2001 es uno de los objetivos de la CE para acercarse un poco más a un verdadero mercado único digital.
A los editores de prensa les concede un «nuevo derecho» para que sean «por vez primera reconocidos jurídicamente como titulares de derechos», y tengan «mejor posición para negociar el uso de sus contenidos con servicios en línea que los utilizan u ofrecen acceso a ellos».
Oettinger aseguró haber analizado leyes como la española, que obliga a que los editores reciban una compensación por parte de agregadores y buscadores de internet cuando estos publiquen fragmentos de artículos en los resultados de búsqueda, o la alemana, que les aboca a negociar licencias.
En opinión del comisario, un agregador como Google News, que cerró su negocio en España tras negarse a pagar a los medios al considerar que simplemente ofrecía un enlace a sus páginas, «no está dispuesto a renunciar» al mercado a nivel europeo.
Google señaló este miércoles en su blog corporativo que «pagar por mostrar fragmentos no es una opción viable para nadie», mientras que las asociaciones de editores de prensa europeos celebraron la medida.
Para la asociación OpenMedia, que defiende un acceso asequible a internet, la propuesta sienta los «planes para una nueva tasa por los hipervínculos» que permitirá a los editores cobrar por fragmentos mostrados en los enlaces.
La propuesta también obligará a plataformas como YouTube, Dailymotion o Soundcloud a «utilizar medios eficaces» como tecnologías para detectar automáticamente contenidos subidos por usuarios con material protegido, y a «tomar medidas apropiadas y proporcionadas» para garantizar la protección de derechos de autor.
Según la directiva de 2001, estos proveedores no tenían la «obligación general de controlar la información que transmiten o almacenan, o de buscar activamente hechos o circunstancias que indican actividad ilegal».
Google señaló que su sistema de «content ID» ya bloquea o monetiza contenido protegido por derechos de autor.
El proyecto de directiva también obliga a los editores y productores a «ser transparentes e informar» a los intérpretes de los beneficios que han obtenido por la difusión de sus obras en plataformas como Netflix o Spotify, y crea un mecanismo para ayudar a los autores a negociar una remuneración equitativa cuando ésta sea desproporcionadamente más baja frente a los beneficios digitales.
La coalición Fair Internet, que representa a medio millón de intérpretes, lamentó que la propuesta no cumple sus expectativas de garantizar el derecho a una «remuneración equitativa».
El vicepresidente de la CE para el Mercado Único Digital, Andrus Ansip, recalcó que serán necesarios 500.000 millones de euros en inversiones para lograr objetivos como que en 2025 todos los hogares cuenten con banda ancha de al menos 100 Mbps o, las zonas urbanas y principales carreteras y ferrocarriles, con cobertura 5G.
Organizaciones como FTTH Council Europe o ETNO, que representa a los grandes operadores, celebraron la «certidumbre legal» que ofrece la propuesta y pidieron no aguar en su tramitación los incentivos a los principales inversores para impulsar la banda ancha.
La asociación de consumidores europeos, BEUC, mostró en cambio preocupación por que las nuevas reglas lleven a menos competencia entre proveedores de telecomunicaciones.
Sí que aplaudió la propuesta de que aplicaciones que ofrecen servicios de telefonía como WhatsApp o Viber tengan que acogerse a ciertas normas que se aplican a operadores tradicionales, como ofrecer a los clientes información contractual o la posibilidad de cambiar de proveedor. (14/09/2016)
