El Ministerio Público descartó este jueves un juicio abreviado para resolver el proceso que enfrenta Gabriela Zapata y otros involucrados en el denominado caso CAMC y, por el contrario, aseguró que cuenta con las pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad por seis delitos, entre ellos legitimación de ganancias ilícitas y uso indebido de bienes, que tiene sanción de hasta 12 años de cárcel.
“El Ministerio Público ha presentado una acusación y está en condiciones de demostrar en un juicio oral y contradictorio que ha existido la comisión de esos ilícitos con pruebas, con documentos, con testigos, vamos a ver cómo la señora Zapata ha legitimado recursos a favor de ella”, afirmó el fiscal General, Ramiro José Guerrero, en una rueda de prensa.
Tal como lo hizo en las últimas horas el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, Guerrero negó que el Ministerio Público busque beneficiar a Zapata, exgerente comercial de la empresa china CAMC y expareja del presidente Evo Morales.
“El Ministerio Público no va a aceptar procedimientos abreviados porque tenemos nosotros todas las pruebas como para demostrar la comisión de estos ilícitos por eso vamos a pedir la pena máxima para esta señora y quienes ha sido parte”, insistió Guerrero.
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El miércoles se desveló que la joven fue sobreseída de cuatro delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad. Al respecto, Guerrero sostuvo que si bien en una primera instancia existía la sospecha de al menos diez delitos, esa era “una calificación provisional en la imputación” que se verificó en el curso de la investigación.
“El delito más grave en este caso en la legitimación de ganancias ilícitas que tiene una pena de cinco a diez años y previendo un concurso de los delitos que pueda haber el Ministerio Público va a pedir una pena de hasta 12 años de cárcel para la señora Zapata y en menor proporción para las demás personas conforma a la participación”, remarcó y así defendió la independencia de la entidad a su cargo y refutó las acusaciones de políticos opositores que lo vinculan con el oficialismo.
“Para hacer una resolución conclusiva los fiscales tienen que valorar. Por ejemplo, algunos delitos excluyen a otros. No puede haber un tema de falsedad material e ideológica a una misma persona, es excluyente. Otros delitos son propios de servidores públicos y no se puede acusar a particulares y en otros delitos al no existir elementos probatorios que sustenten una acusación pues obviamente se los tiene que sobreseer”, explicó la autoridad judicial.
Además de Zapata, la exdirectora de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque; su chofer Jimmy Morales; y los empresarios Ricardo Alegría, Carlos Ramírez y Antonio Zuleta son imputados en esta causa que se desveló en febrero de este año, cuando el presentador Carlos Valverde denunció un presunto tráfico de influencias entre el Gobierno y la firma china CAMC a partir de la relación que sostuvieron el presidente Evo Morales y Zapata. (18/08/2016)
