La Fiscalía ordenó la aprehensión del propietario del club nocturno paceño Katanas, Marco Cámara, y del administrador del local, Gustavo Fernández, acusados de trata y tráfico de mujeres. Paralelamente, la Alcaldía de La Paz denegó la renovación de la licencia de funcionamiento de este centro y anunció que alista su clausura.
“La fiscal del caso ha ordenado la aprehensión de estas dos personas, se ha notificado con las aprehensiones y se va a proceder a las imputaciones correspondientes por trata y tráfico de personas”, anunció este jueves el fiscal General, Ramiro Guerrero.
Cámara debía declarar por este caso, pero un desmayo provocó la cancelación de la audiencia. Guerrero explicó que las primeras indagaciones establecieron indicios de trata y tráfico de mujeres provenientes de Paraguay, Venezuela y Brasil. “Hay varios elementos que se han ido colectando. Desde migración, las salidas permanentes a otros países, desde algunos testimonios, documentación, se han hecho algunos allanamientos”, explicó.
La denuncia fue interpuesta por la hija del propietario, Nohemy, quien acusó a su padre de “violar a muchas mujeres” que trabajan en el local. Además, había cuestionado la participación de algunos funcionarios ediles (sin identificarlos) que propiciaron su funcionamiento ilegal.
El club nocturno Katanas, con precintos de clausura en una anterior oportunidad. Foto. Redes Sociales.
Por ello, y paralelamente a la decisión de la Fiscalía, la Alcaldía de La Paz invalidó la licencia de funcionamiento y convocó a la hija de Cámara para que se apersone al despacho de Transparencia del gobierno edil para abrir un proceso.
“El Gobierno Municipal está emitiendo en el día la resolución de rechazo de la licencia de funcionamiento, consiguientemente se van a activar todos los mecanismos administrativos operativos para garantizar la clausura de este local”, indicó el director jurídico edil, Fernando Velásquez.
El miércoles, el Ministerio de Trabajo desveló que Katanas no tiene registro de trabajadores actualizado y que el último, que data de 2011, no consigna a “bailarinas”.
“En este último reporte figuran 27 trabajadores, la mayoría garzones, y el resto forma el plantel administrativo. En esos papeles no hay registro de ‘bailarinas’ sobre el pago de sueldos, aguinaldos ni otros beneficios sociales”, reseña una nota institucional.
El fiscal Guerrero pidió a las víctimas que se sumen a la denuncia en este caso por la gravedad de los hechos. “Pedimos el apoyo. Desde la Fiscalía vamos a brindar todas las garantías, la protección para la gente que quiera denunciar este hecho”, señaló. (15/09/2016)
