Las gobernaciones y alcaldías tienen en caja y bancos al menos Bs 1.000 millones de los fondos destinados al fortalecimiento de las labores de seguridad ciudadana, por lo que está en curso en la Asamblea legislativa Plurinacional un proyecto de ley para agilizar los procedimientos de ejecución, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
La ley de Seguridad Ciudadana fija como tope destinar el 10% del dinero del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que reciben gobiernos departamentales y locales para luchar contra la delincuencia. “Ese 10% representa cerca de $us 700 millones año y no ha tenido nunca una ejecución que alcance siquiera el 70%”, cuestionó.
La Cámara de Diputados trató una nueva ley sobre seguridad ciudadana con la finalidad de generar condiciones de mayor ejecución.
El ministro explicó que las modificaciones responden a preocupaciones de las autoridades subnacionales vinculadas a falta de claridad en aspectos como destino de recursos al equipamiento policial, infraestructura para centros de rehabilitación de jóvenes en situación de drogodependientes, mantenimiento para cámaras de videovigilancia y vehículos, entre otros.
“Lo que estamos haciendo es simplemente mejorar los conceptos de apropiación del gasto para garantizar una mejor ejecución en tareas de seguridad ciudadana”, explicó.
Para la diputada de la opositora Unidad Demócrata (UD) Eliane Capobianco, el Gobierno intenta obligar a que las regiones asuman nuevas competencias, entre ellas los gastos de la Policía Boliviana. Romero lo negó: “Nada de esto es correcto”, subrayó. (18/08/2016)
