El más duro golpe político desde que asumió hace nueve meses sufrió este jueves el presidente argentino Mauricio Macri al ordenar la Corte Suprema que suspenda un brusco ajuste en la tarifa de gas, pieza clave en la política del gobierno.
La reacción del jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue acatar la orden del máximo tribunal y anunciar el llamado a audiencias públicas «en el tiempo más breve». El gobierno había aplicado el ‘tarifazo’ sin consultar a la sociedad en audiencias como marca la ley.
«La medida constituye un revés político para el gobierno con impacto negativo sobre tres ejes centrales del programa económico: la baja del déficit fiscal vía reducción de subsidios, el estímulo a la inversión y la normalización de la política energética para generar oportunidades en un sector con elevada potencialidad», dijo a la AFP Dante Sica, director de la consultora económica Abeceb.com.
En la calle, la orden judicial impactó como un soplo de aire fresco. «Me parece perfecto que por una vez la Corte haya fallado a favor de los intereses de los usuarios y no de las empresas», dijo a la AFP Sergio Cedrola, cuando pagaba su factura.
El gobierno había hecho del ajuste una cuestión de Estado. Afirma pelear con uñas y dientes contra el déficit fiscal, que ronda el 7% del Producto Bruto, igual que en 2015. Considera el alza tarifaria vital para cumplir con su plan de reanimación económica, en medio del malestar de la ciudadanía por la recesión.
Siete de cada diez argentinos ven mal la marcha de la economía, según un reciente estudio de la consultora CEOP.
«El fallo se va a cumplir. Las instituciones están funcionando», dijo Peña en rueda de prensa.
«Estoy de acuerdo en que se vuelva atrás porque, con los sueldos que hay es imposible pagar, sobretodo en las familias más humildes», dijo a la AFP Julia Rosales, una empleada, en el centro de Buenos Aires.
(19-08-2016)
