Colombia presionó este viernes para que Naciones Unidas supervise el cese al fuego entre las fuerzas armadas y la guerrilla FARC, incluso antes de que el país vote el acuerdo que es negociado para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado.
«Necesitamos que la misión se despliegue lo más rápido posible», dijo a periodistas el alto comisionado para la paz de Colombia, Sergio Jaramillo.
Tras anunciar un cese al fuego y desarme definitivo el 23 de junio, el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, la mayor guerrilla de Colombia, allanaron el camino a un acuerdo de paz final, que deberá ser aprobado en un referendo.
Jaramillo dijo que cuando se realice el referendo, la misión para supervisar el cese al fuego deberá estar ya en el terreno «garantizando a los colombianos que pueden votar libremente».
El primer grupo de observadores, que eventualmente llegarán a 450, ya se encuentra en Colombia para verificar el desarme y monitorear el cese al fuego.
«Por lo que entiendo, a más tardar en tres o cuatro semanas deberían estar ahí con toda su fuerza» de trabajo, dijo Jaramillo, admitiendo que el reclutamiento de los observadores «tomó un poco de tiempo para ponerse en marcha».
Después de la visita de la ONU la semana pasada, la organización y el gobierno «tienen una mejor idea de qué ocurre en el terreno», afirmó el responsable.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, entregó el viernes un reporte sobre los detalles técnicos de la misión en Colombia al Consejo de Seguridad, que se espera sea discutido el 26 de agosto.
Ban confirmó que la misión tendrá unos 450 observadores y operará en 40 «locaciones ampliamente dispersas» del país sudamericano.
El cese al fuego será supervisado por un órgano tripartido, a cargo del gobierno, las FARC y la ONU.
El reporte de Ban destacó la «reacción positiva de la población civil» y dijo que las condiciones «muestran que los preparativos están en marcha no sólo desde el punto de vista técnico, sino desde una perspectiva política».
Añadió que sostener luego el acuerdo de paz depende de «la implementación confiable del programa de reintegración de los combatientes de la FARC-EP», que esperan convertirse en actores políticos.
El gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) están en la fase final de las negociaciones tras casi cuatro años de pláticas.
El conflicto armado, el más antiguo en América Latina, ha dejado al menos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados.
Las FARC llamará al desarme de sus tropas una vez sea firmado el acuerdo de paz final, previsto para las próximas semanas.
