El acuerdo alcanzado con las FARC elimina un foco de conflicto que marcó a Colombia en el último medio siglo pero la paz total dependerá de la respuesta del Estado a las disidencias, a los otros grupos guerrilleros y a las bandas criminales de origen paramilitar que subyacen en el país.
Las FARC, con unos 7.000 miembros en la actualidad, pusieron en jaque al Gobierno, principalmente a partir de los años 90 con sangrientos ataques a pueblos y unidades militares que generalmente se saldaban con decenas de muertos, heridos y secuestrados, una relación desfavorable para el Estado que se invirtió durante la Presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010).
Con el fin del conflicto con las FARC, el Estado enfilará su fuerza contra los demás grupos armados que operan en el país, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla en importancia; un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), dedicado al narcotráfico, las posibles disidencias de las FARC y las bandas criminales (bacrim) de origen paramilitar.
«Los territorios que antes eran santuarios, zonas de influencia o corredores y rutas del narcotráfico y de las armas de las FARC harán parte de una disputa muy fuerte porque otras organizaciones criminales van a empezar a ocuparlas», dijo a Efe Jairo Libreros, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia.
En su opinión, el Gobierno tendrá que hacer un esfuerzo «muy grande» para evitar que esos grupos aprovechen la ausencia de las FARC en territorios en los que tradicionalmente han ejercido su poder o influencia.
Entre esos grupos está el Frente Primero de las FARC, que opera en el departamento del Guaviare, en el sureste del país, una región que en el pasado fue uno de los mayores productores de coca del país, y que en julio pasado anunció que no aceptará la decisión de desmovilizarse y dejar las armas.
«Permítanme (…) darles un mensaje a esas personas del Frente Primero que tienen dudas. No lo duden. Acójanse a este proceso, porque será su última oportunidad», dijo el presidente Juan Manuel Santos en una visita al Guaviare, donde aseguró que quienes no se sumen a la paz, «terminarán en una tumba o en una cárcel».
El peligro que suponen los grupos armados si el Estado no asume el control total del territorio es motivo de alerta para distintas organizaciones académicas y de defensa de los derechos humanos.
«El rol de otros grupos armados distintos de las FARC, y especialmente los Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD), supone uno de los riesgos más graves para la consolidación del proceso de paz», señaló este mes el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) en un informe elaborado para la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Según este estudio, mientras el Gobierno y las FARC negociaban en La Habana, «estos actores han ido reconfigurando su actuación», en especial en zonas estratégicas para «aprovechar los previsibles vacíos dejados por las FARC en un escenario de post-acuerdo».
También la ONG Somos Defensores advirtió en su informe del primer semestre de este año que «el fin de la guerra», como se ha pregonado, no está tan cercano y tampoco los ataques contra los activistas de los derechos humanos.
«Ciertamente una paz sin el ELN es una paz incompleta», aseguró el informe de esta ONG, según la cual «sería un error histórico hablar del fin del conflicto sin el segundo grupo armado con mayor tradición y presencia en Colombia».
El Gobierno y el ELN anunciaron el pasado 30 de marzo en Caracas el inicio de una fase pública de diálogos de paz, pero desde entonces no ha habido avances, principalmente por la negativa de esta guerrilla a renunciar al secuestro, una exigencia del presidente Santos.
En el intrincado mapa del conflicto colombiano queda además un reducto del EPL que opera en la convulsa zona del Catatumbo, limítrofe con Venezuela, y al que el Gobierno considera una banda criminal como las organizaciones armadas que surgieron tras la desmovilización en 2006 de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
De estas últimas, la más poderosa es el Clan del Golfo, antes llamado Los Urabeños o Clan Úsuga, que en abril pasado paralizó con una «huelga» durante varios días decenas de municipios de la costa atlántica del país, en un claro desafío al Gobierno por la persecución de que son objeto sus cabecillas.
«Los seis meses siguientes a la firma de la paz van a ser un reto muy grande porque el Gobierno tendrá que evitar que esas organizaciones, llámense bandas, Clan del Golfo, bacrim, ELN o EPL, se apoderen territorialmente de zonas de cultivos ilícitos, de corredores de intercambio de drogas y armas» de las FARC, alertó Libreros.
(24-08-2016)
