Bolivia plantea a Chile retornar en una comisión binacional el diálogo sobre las aguas del Silala con la finalidad de crear un escenario de buena fe en este proceso y facilitar el escenario jurídico internacional, informó el secretario General del Consejo de Defensa de las Aguas del Silala y Recursos Hídricos, Rene Martínez.
“Vale decir que pudiera discutirse en una comisión binacional de manera directa entre Bolivia y Chile (sobre el Silala) para tener una delegación oficial con una voluntad política y pueda construirse cimientos de buena fe y formar convicción de qué tema estamos hablando y facilitarnos al escenario internacional o al tribunal internacional”, explicó.
El 23 de marzo de 2016, el presidente Evo Morales anunció llevar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) las diferencias sobre los manantiales del Silala, sin embargo el gobierno de Michelle Bachelet se anticipó y presentó una demanda para reclamar derechos sobre el recurso natural, que desviaron de forma artificial hace más de 100 años.
El recurso natural se encuentra en el cantón Quetena Chico, Potosí, en la frontera con Chile, que canalizó las aguas sin ningún tipo de compensación.
Martínez consideró que los miembros de esa comisión bilateral podrían incluso visitar el lugar de nacimiento de los manantiales. “Lo decía el Presidente, podemos hacer una comisión binacional y podemos ir a discutir conceptos técnicos científicos al lugar de los hechos en paralelo”, insistió.
No está descartado que personal de la CIJ y de otros organismos visiten el cantón Quetena Chico. De hecho, anunció la posibilidad de que el próximo mes arriben expertos técnicos internacionales para realizar estudios en el Silala sin dar mayores detalles.
El pasado fin de semana, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, informó que tres expertos, peritos en litigios sobre recursos hídricos, conformarán el equipo internacional para la demanda del Silala.
Por otro lado, el consejo de defensa de las aguas del Silala convocará a los representantes de las instituciones y entidades nacionales y subnacionales que pretenden impulsar proyectos con fines turísticos o productivos en cercanías del recurso natural en disputa.
“La valoración de cada uno de esos proyectos va a estar en el control de este consejo nacional”, afirmó Martínez.
