La jueza ecuatoriana Alexandra Páez admitió este domingo el recurso de «amparo constitucional» presentado el pasado viernes por el presidente del país, Rafael Correa, contra el Consejo de Disciplina de las Fuerzas Armadas, que desestimó sancionar a un coronel de la Marina por supuestas ofensas al mandatario.
La audiencia se efectuará el próximo miércoles en la Unidad Civil de la ciudad portuaria de Guayaquil contra los cinco integrantes del Consejo de Disciplina militar, que no admitieron una demanda presentada por Correa contra el capitán de corbeta Edwin Ortega quien, según el mandatario, le faltó al respeto.
Según la providencia de la jueza, reproducida en el portal web del diario El Comercio, los cinco oficiales del Consejo de Disciplina deberán presentarse a la audiencia, así como el propio Correa.
El objetivo es que ambas partes presenten las pruebas que corroboren si existió o no una vulneración de derechos por parte del consejo al no admitir la denuncia de Correa contra el capitán Ortega, bajo el argumento que el jefe del Estado no era un militar superior del demandado.
En su escrito, la jueza Pérez también dispone «la suspensión» del fallo de los oficiales como medida cautelar y ordenó que esta decisión sea comunicada a los comandantes de las fuerzas Terrestre, Naval y Aérea.
Además, la jueza convocó para la audiencia del miércoles al Procurador General del Estado, Diego García, o a un delegado suyo.
El presidente Correa dijo ayer, en su habitual informe sabatino por radio y televisión, que Ortega le llamó «mentiroso» y que advirtió de que no se metiera con la institución castrense, al responder un correo de consulta sobre el régimen de seguridad social en las FFAA.
Todo surge, señaló Correa, por una reforma que el Ejecutivo estudia para el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), por ciertas distorsiones en el régimen de pensiones que favorecen a los generales en detrimento de las jubilaciones de la tropa, entre otras cosas.
Puso como ejemplo el hecho de que un general se jubila con unos 5.000 dólares mensuales, monto que se compone con un 60% por parte del Estado y supone 8 veces más que el de un militar de tropa, mientras que el salario mínimo para el resto de la población es de 366 dólares.
«Quiero advertirle al pueblo ecuatoriano (que) la situación es realmente seria, tensa», admitió Correa y se preguntó: «¿Quién manda aquí, el poder civil legítimamente electo, con legitimidad democrática, o ciertos poderes fácticos?».
Recordó que la Constitución y las leyes militares establecen que el presidente de la República es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas.
«Aquí yo me juego la vida, si es necesario», subrayó Correa y reiteró su pedido a la población y a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) a estar atentos y a respaldar la Constitución y la Democracia.
(28-08-2016)
