Catorce expresos políticos chilenos anunciaron este jueves la liberación de los archivos con los testimonios y evidencias sobre las torturas que sufrieron durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que estaban protegidos por 50 años a partir de 2003.
Organizaciones sociales y de expresos políticos presentaron varios recursos judiciales para abolir el secretismo que rodea a los archivos de la denominada «Comisión Valech», que en 2003 recogió los testimonios de miles de torturados por agentes del régimen de Pinochet.
La liberación, que abarca sólo los archivos sobre estos 14 expresos, «es un gran paso, porque por 50 años se nos puso una ley maldita» que prohibía su publicación, dijo a la AFP David Quintana, presidente de la Asociación de expresos políticos.
«Esta ley no permitía que se sepan los nombres de nuestros violadores, asesinos los que hicieron desaparecer a nuestros compañeros», añadió.
Los testimonios recogidos por la Comisión encabezada por el obispo católico Sergio Valech no figuraban en el informe de la «Comisión de Verdad y Reconciliación» que, a comienzos de la década de 1990, compiló los casos de muertos y desaparecidos durante la dictadura.
Recientemente el Congreso chileno votó por mantener los 50 años de protección de los archivos de la Comisión Valech, pero en paralelo la justicia ordenó entregarles los informes individuales a las víctimas que los reclamaron.
Eso, porque el texto de la norma deja abierta la puerta a la liberación de la información a través de un recurso judicial presentado individualmente por los expresos o sus familiares directos, en caso de fallecimiento de la víctima.
La posibilidad de hacer público los archivos llevó a la creación de un movimiento artístico denominado «Desclasificación Popular», que ayudó a los 14 expresos a conseguir judicialmente los archivos de sus testimonios.
Para la vocera de este movimiento, Javiera Campos, la liberación de los archivos es importante porque devuelve la memoria a sus dueños y da inicio al «estudio real de lo que pasó en la dictadura».
El contenido de los archivos varía según sus protagonistas.
«Hay carpetas de presos políticos con dos archivos, otras 30», dijo Campos. Lo importante es que «tienen la ficha de calificación que confirma que el estado los reconoce como víctimas», comentó a la AFP.
Transcripciones de entrevistas, recortes de diarios y certificados de distintas fases del proceso de detención también son partes de algunas de las carpetas que serán revisadas por el colectivo popular y los exdetenidos.
– Paz con justicia
Lejos de conformarse con el fallo judicial, el colectivo «Desclasificación Popular» busca que los catorce casos sean el inicio de la liberación completa de estos archivos.
Los expresos políticos buscan utilizar la información librada para activar causas judiciales contra los represores.
«Queremos vivir en paz, si buscamos paz tenemos que empezar a hacer justicia», comentó Quintana.
Con ese objetivo en la mira «vamos a empezar a hacer querellas y vamos a tratar de perseguir a los que nos torturaron en todas las formas posibles y legales para poder hacer justicia», agregó.
Por su parte, desde la organización «Desclasificación Popular» se aclaró que el destino de cada archivo será definido por cada expreso político, siendo publicados en la página en internet del movimiento previo permiso de su dueño.
Además de las más de 30.000 torturas documentaba por la Comisión Valech, la cruenta dictadura de Pinochet dejó unos 3.200 muertos o desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. (22-09-2016)
