El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, afirmó que aún se espera la reunión de plenipotenciarios de Comunidad Andina (CAN), que evaluará la terna de magistrados propuesta por Bolivia para el Tribunal de Justicia (TJCA).
Ante la polémica renuncia del magistrado boliviano en ese organismo internacional, Gustavo García Brito, señalado por apoyar un fallo en contra de Bolivia, el Gobierno envió una terna de nombres, un titular y dos suplentes, para que puedan ser parte del TJCA.
“Esa terna la hemos presentado, como manda la norma del TJCA, para poder posesionar a los magistrados; lo que requerimos es que se dé una reunión de plenipotenciarios (…). Hasta ahora no se ha dado esa reunión”, dijo Blanco a La Razón.
La terna que propuso Bolivia la integran el actual canciller Rogelio Mayta, como titular. Mientras que los suplentes son el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, y el director jurídico de la Cancillería, Bernardo Ortiz.
En los últimos días, algunos medios de comunicación informaron sobre un supuesto veto de la representación de Perú en la CAN a la terna boliviana. Blanco descartó esa situación.
CAN
Explicó que el reglamento del TJCA no contempla la figura de veto y que la evaluación de los nombres propuesto se realizará en la reunión de plenipotenciarios, que aún no ocurrió. “Hasta ahora, ni siquiera se ha dado la reunión de plenipotenciarios; entonces, difícilmente se va a poder decir si (algún país) está de acuerdo, o no”, insistió.
Consultado por los plazos que tiene la TJCA para emitir alguna respuesta que apruebe o rechace la terna boliviana, Blanco respondió: “El reglamento no contempla plazos. Lo que hay que hacer es esperar a que Ecuador, que tiene la sede de la TJCA, convoque a una reunión de plenipotenciarios”.
En julio de este año, la Cancillería inició procesos legales en contra de García Brito, luego de detectar anomalías en su designación como magistrado de este tribunal.
Aquel juez votó en contra de los intereses nacionales el 17 de julio. Entonces, el TJCA dictó una sentencia a favor de Perú, que reclamó trato igualitario en el precio de combustibles de parte de Bolivia.
Renunciante ahora, el abogado fue cuestionado por un nombramiento “irregular” durante el gobierno de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y la entonces canciller Karen Longaric.
