El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MAAyA), con una inversión de $us 4.951.231, de 2013 a 2015, ejecutó 13 proyectos de rellenos sanitarios y plantas para aprovechamiento de residuos. Además tiene una cartera de 26 planes aprobados, hasta 2018, con una financiación estimada en $us 62.434.676, que beneficiarán a 29 municipios.
El cumplimiento de los 13 proyectos es posible con el apoyo de instituciones financieras y agencias de cooperación. Esta inversión permitió que los municipios de Uyuni, en Potosí; Copacabana, Achacachi y Tiwanaku, en La Paz, entre otros ya cuenten con rellenos sanitarios, indica un informe del MAAyA enviado a La Razón.
Los 26 proyectos aprobados para su implementación favorecerán a 29 municipios. El 50% de esos recursos corresponde a crédito, el 1% a fondo contravalor y el 49% a contraparte de los gobiernos departamentales y locales que serán destinados a costos operativos.
“Con la implementación de estos proyectos se espera controlar el 58% de los residuos generados mediante sistemas adecuados de manejo y tratamiento, lo cual significará un incremento —del 2010 al 2018— del 21%” de aprovechamiento de desechos, detalla el documento del MAAyA.
Especifica que a nivel de preinversión se gestionó el apoyo de la cooperación para desarrollar planes de gestión integral de residuos sólidos en el área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra, Portachuelo (ambos en territorio del departamento de Santa Cruz), Trinidad (Beni) y Tarija, así como proyectos de preinversión para la construcción de rellenos sanitarios, cierre de botaderos, educación ambiental y desarrollo comunitario, entre otros.
El relleno sanitario es un método diseñado para la disposición final de la basura, cconsiste en depositar en el suelo los desechos sólidos, los cuales se esparcen y compactan reduciéndolos al menor volumen posible para que así ocupen un área pequeña.
En Bolivia son generadas cerca de dos millones de toneladas de basura anualmente, de las que el 70% pueden ser procesadas para mitigar los daños al medio ambiente. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, en el artículo 88, distribuye competencias al nivel central y los gobierno departamentales y municipales sobre el tratamiento de la basura.
El Gobierno debe fomentar políticas para el tratamiento de los residuos sólidos, industriales y tóxicos. Las gobernaciones son las encargadas de reglamentar y ejecutar, en su jurisdicción, el régimen del nivel central, al igual que los gobiernos locales. En ese marco, todos los niveles de administración pública, principalmente los gobiernos autónomos municipales, deben cumplir un rol importante de la gestión adecuada de los residuos y la protección del medio ambiente.
El 28 de octubre de 2015 fue promulgada la Ley de Gestión Integral de Residuos que establece responsabilidades y sanciones sobre el manejo de los residuos sólidos en los diferentes niveles de gobierno.
