Organizaciones no gubernamentales de Bolivia anunciaron hoy que han pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger el derecho a la libre asociación que consideran vulnerado por una ley de 2013 y su correspondiente reglamentación, emitida en 2014.
Las ONG que hicieron la petición son la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, el Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local y el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).
La petición de las cautelares está dentro de una solicitud de salvaguarda del derecho de libre asociación que consideran que está siendo vulnerado por la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas y su reglamento, explicó en una rueda de prensa el director del Cedib, Marco Gandarillas.
«Como sabemos que es un proceso largo (…) estamos solicitando medidas cautelares, que esa ley y ese decreto no causen efectos graves sobre la sociedad civil», dijo Gandarillas.
En concreto, las cuatro ONG buscan que la CIDH frene con las medidas cautelares la aplicación de un artículo de la ley que obliga a estas entidades a alinearse con políticas estatales y a una parte del decreto reglamentario que establece que aquellas instituciones que no cumplan con esa exigencia perderán su personalidad jurídica.
Las entidades acuden a la CIDH tras conocer que el Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de mantener la norma como está y en contra de un recurso presentado en 2014 por el entonces Defensor del Pueblo, Rolando Villena.
El TC emitió esa sentencia en diciembre de 2015, pero recién se hizo pública en julio pasado cuando Villena ya había dejado la Defensoría del Pueblo, según denunció hoy el exfuncionario, que acompañó a los representantes de las ONG en la rueda de prensa.
Villena expresó su indignación «por la manera como ha venido comportándose» el TC y opinó que la decisión de las ONG de acudir a la CIDH «es totalmente legítima, habiéndose agotado todas las instancias en cuanto a la Justicia a nivel nacional».
Anunció que enviará junto con su predecesor en la Defensoría del Pueblo, Waldo Albarracín, una nota al organismo expresando su posición de respaldo al reclamo de las entidades civiles ante una norma que consideró que vulnera el derecho a la libre asociación.
Gandarillas sostuvo que «no se trata sólo de los derechos de las ONG», porque, según dijo, la ley cuestionada «restringe los derechos de todos los ciudadanos bolivianos a asociarse libre, independiente y autónomamente del Estado».
En 2015, la organización Human Rights Watch (HRW) hizo conocer al TC una opinión jurídica sobre la ley y el reglamento cuestionados, a propósito de la demanda presentada en su momento por Villena.
HRW denunció que las restricciones impuestas por el Gobierno al trabajo de las ONG mediante ambas normas atentan contra el derecho a la libertad de asociación de los defensores de derechos humanos.
El presidente Evo Morales ha amenazado a varias ONG con expulsarlas del país al considerar que conspiran contra su Gobierno o promueven movilizaciones para oponerse a sus proyectos.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha pedido a esas entidades que sus acciones estén alineadas con el plan gubernamental de desarrollo.
Morales echó a la ONG danesa IBIS en 2014, acusándola de injerencia política y de financiar la división de los indígenas y en 2015 advirtió con expulsar del país a aquellas entidades y fundaciones privadas que perjudiquen la exploración de recursos naturales en parques nacionales.
