El contrabando a través de la frontera con Chile no da descanso a la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y a su cuerpo de interdicción, el Comando Operativo Aduanero (COA), que días atrás llegó al extremo de cercar un pueblo entero y anunciar una querella penal contra su alcalde, por pretender negociar a nombre de los contrabandistas que allí se refugian.
En efecto, según señaló el Gerente de la ANB, el viernes se estableció “un cerco en Sabaya dada la gran cantidad de camiones que estarían con mercancía ilegal dentro de esta población”, dando de esta manera por confirmada la hipótesis de que esa localidad es “el principal núcleo del contrabando”. La autoridad detalló que en el intento de capturar los motorizados, los efectivos del COA fueron agredidos, y los pobladores intentaron instalar una negociación en la que participó el Alcalde, abogando por que se permita la salida de los camiones.
Muy dura debe ser la tarea de una autoridad local cuando la población entera vive del ilícito, pues no debe permitirlo y, sin embargo, está impedido de hacerlo. Aún así, es justo pretender una sanción contra quien habiendo jurado respetar y defender la Constitución y las leyes no lo hace, así como para quienes medran de la actividad ilícita, conduciendo a un pueblo entero y a sus autoridades a ser sus cómplices.
