La Justicia argentina confirmó este viernes el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en la causa que investiga la venta, por parte del Banco Central (BCRA), de contratos de futuros de dólar al final de su Gobierno, informaron fuentes judiciales.
La sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, también ratificó el embargo por 15 millones de pesos (unos 970.000 dólares) y los procesamientos de los otros 14 acusados, entre ellos el exministro de Economía de la Nación y actual diputado nacional Axel Kicillof.
Según la resolución publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ), hay «pruebas suficientes» para sostener que, en concreto, Fernández y Kicillof «tomaron parte central en la decisión de dar curso a la maniobra de defraudación contra el patrimonio del BCRA».
La investigación apunta a que, de la diferencia entre el precio pactado y el del mercado de la venta de dólares a futuro, se registraron millonarias pérdidas para la entidad bancaria.
La causa contra la exmandataria se abrió a raíz de una denuncia realizada en octubre de 2015 por diputados del actual frente gobernante Cambiemos, en ese momento miembros de la oposición.
Los legisladores sostuvieron que el Banco Central vendió contratos de dólar futuro por unos 16.000 millones de dólares «a sabiendas de que una mínima fluctuación negativa de la moneda nacional frente al dólar sometería a la autoridad monetaria a un riesgo sin precedentes».
El juez Claudio Bonadío dictó en mayo pasado el procesamiento de los 14 acusados por «administración infiel en perjuicio de la administración pública», así como el embargo confirmado hoy, pero a principios de septiembre, Fernández y el resto de los acusados -entre ellos el directivo de la entidad, Pedro Biscay- apelaron la sentencia por escrito.
Fernández remarcó entonces que esas ventas se trataron de una decisión «política» ajena al ámbito de lo justiciable y que la exmandataria no obtuvo «rédito personal» con esas operaciones.
Sin embargo, este viernes la Cámara Federal consideró «notorio» que «la operatoria no fue una más en la práctica diaria del organismo» sino que fue una decisión que «comprometió extraordinarias sumas de dinero del Estado».
A su juicio, dicho accionar respondía a una línea que «desde antes, venían imponiendo las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, sobre todo aquellas dirigidas a contener el alza de la divisa norteamericana».
«Kirchner y Kicillof conocieron, con relación de inmediatez, la puesta en marcha y las consecuencias que tendría la maniobra», por lo que, «por pura lógica», aquella respondió «a una indicación previa de su parte», señala el texto de la resolución, en la que se indica que las responsabilidades penales «seguirán siendo materia de discusión».
(11-11-2016)
