El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, fueron imputados oficialmente este martes por el Ministerio Público, por la comisión de los delitos de firma de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes en los denominados casos Focas y ENFE.
“Al tratarse de un préstamo de más de 21 millones de dólares estadounidenses con intereses subvencionados, implica un probable daño de gran magnitud al Estado, no solo por el monto del préstamo, sino también por el monto de los intereses que se cobraron en un monto subvencionado (1% anual). No fue autorizado por el Congreso de la República”, señala parte de la imputación difundida por la Fiscalía General del Estado.
La inclusión de ambas exautoridades se realizó a solicitud de la Procuraduría General del Estado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esa institución pidió que la Fiscalía General que formalice la acusación contra las exautoridades para que sean incluidas en el caso de las irregularidades que se investigan en la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) y el uso de recursos del proyecto Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas).
De acuerdo con los datos oficiales, mediante la suscripción del Decreto Supremo Nº 24186 se procedió a la adjudicación del paquete accionario de la capitalización de la Red Andina (FCA-SAM) a la empresa chilena Cruz Blanca S.A., por un monto de dinero que equivalía a menos de la mitad del capital autorizado e incluso menor al del capital pagado con el que se constituyó la FCA SAM.
El valor en libros establecido en el Decreto Supremo Nº 24165, que también fue suscrito por los imputados, era de 137.132.200 bolivianos, pero al constituirse la Sociedad de Economía Mixta se estableció que el capital autorizado sería de 274.264.400 bolivianos.
“Al final, con la reducción de capital y el aporte de la empresa capitalizadora resulta que el capital pagado y autorizado quedó reducido a 132.244.800 bolivianos (Testimonio Nº 132/97)”, señala la resolución de imputación.
Agrega que en los hechos existe una diferencia de 4.887.400 bolivianos «que en simple lógica aritmética significa que se incumplió el mandato del art. 4 de la Ley de Capitalización, que mandaba expresamente que debía existir un incremento de capital, que debía considerase en base al precio referencial aprobado. La empresa Cruz Blanca S.A. pagó 66.122.400 bolivianos, cuando debió ser 137.131.700 bolivianos (menos Bs 71.009.300)».
En este proceso, además de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, fue imputado Antonio José Araníbar Quiroga, por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Mientras que en el caso Focas también están imputados Gonzalo Javier Afcha de la Parra y Antonio José Araníbar Quiroga por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes.
(15-11-2016)
