Víctimas de la llamada «guerra del gas» de octubre de 2003 demandan apoyo internacional para la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, radicado actualmente en Estados Unidos desde el 17 de octubre de 2003 tras fugar de Bolivia, donde está acusado por genocidio a raíz de la muerte de más de 40 personas en la ciudad de El Alto.
«En estos 13 años parece que no ha cambiado la política de extradición. Advertirmos que hay un sesgo político, se ha establecido una línea de protección a Sánchez de Lozada», advirtió el abogado de las víctimas Rogelio Mayta, según publica hoy La Razón en su edición impresa.
Para el jurista, la participación de la acción diplomática del país ha sido importante. «Pero podría ser mucho más efectiva», indicó y luego mencionó que se podría crear una estrategia que sea desplegada por los embajadores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) o buscar escenarios como el Mercado Común del Sur (Mercosur) o la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Al respecto, el defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, sostuvo que en el caso de Sánchez de Lozada se requiere «una estrategia integral de gestión internacional», de parte de Bolivia, en la que la Presidencia y la Cancillería y otras legaciones internacionales con competencia «activen y articulen mecanismos que impulsen la extradición».
Sánchez de Lozada asumió la Presidencia del país el 6 de agosto de 2002 para un segundo mandato y renunció a su cargo el 17 de octubre de 2003. luego de casi dos semanas de intensas protestas civiles en contra de la exportación de gas por puertos de Chile. Lo sucedió su vicepresidente Carlos Mesa.
Las jornadas más violentas tuvieron lugar en la ciudad de El Alto entre el 11 y 17 de octubre donde más de 40 personas perdieron la vida y al menos 400 resultaron con heridas de diverso tipo por enfrentamientos con Policías y militares.
(17/10/2016)
