La reducción presupuestaria que en 2017 sufrirán las universidades públicas las obliga —dependiendo del caso— a frenar el mejoramiento de su infraestructura, a dejar de adquirir equipamiento, a reducir personal y a controlar el crecimiento del número de sus estudiantes.
El 15 de septiembre, el Gobierno anunció que los techos presupuestarios de gobernaciones, municipios y universidades públicas, en conjunto, disminuirán 13% respecto a lo programado para este año debido a la caída en los precios internacionales de las materias primas.
Según cada entidad, los techos presupuestarios incluyen, entre otros, recursos provenientes de regalías, coparticipación tributaria, ingresos por el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEDH) y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), cuya recaudación cayó en 45% entre enero y agosto de este año con relación a similar periodo de 2015.
“Estamos sufriendo el recorte” de dinero procedente “específicamente del IDH que nos sirve para el equipamiento e infraestructura. Esos recursos nos harán falta”, afirmó Reynaldo Cosme, rector de la Universidad Pública de El Alto, que en 2017 tendrá un presupuesto de “Bs 17 millones, 7 millones menos de los cerca de 24 millones” que recibió en esta gestión.
Su par en Cochabamba, Marcial Fernández, de la Universidad Mayor de San Simón, informó que la disminución “afectará a las unidades desconcentradas en las provincias y a las inversiones en infraestructura y equipamiento”.
“Incluso podrían cerrarse algunos programas de formación que se imparten según la potencialidad de cada región”. “Como medida, no vamos a contratar a nadie más, a no ser para temas de investigación, porque nos destacamos en eso”, agregó.
En Santa Cruz, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Saúl Rosas, declaró que la reducción de recursos perjudicará los nuevos proyectos que se están diseñando como el hospital universitario y una biblioteca. “Se viene analizando la posibilidad de buscar financiamiento internacional para que estos planes no queden postergados”.
La medida bajará el presupuesto de esta casa de estudios superiores de Bs 830 millones a menos de 712 millones, detalló el vicerrector de la universidad cruceña, Oswaldo Ulloa.
Frente al “panorama crítico”, el principal representante de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Carlos Antezana, puntualizó que en 2017 docentes, estudiantes y administrativos de esa institución tendrán que hacer “un gasto racional de los recursos”.
“Hubo un consenso en los tres estamentos, están de acuerdo con optimizar los gastos. Hay varias políticas, como la reducción de personal en algunas facultades, ellos han entendido eso”, indicó el educador.
El rector interino de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Wálter Arízaga, aseveró que el recorte del presupuesto obliga a tomar medidas económicas para garantizar funciones, incluso se restringirá la admisión de nuevos estudiantes para la gestión 2017. Para evitar la paralización de los trabajos académicos, se recortó el financiamiento de otras obras de infraestructura, puntualizó.
Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, recordó que “gracias a los recursos del IDH se han materializado proyectos de investigación y se mejoró ostensiblemente la infraestructura en los últimos dos años”.
“Ahora, nuevas dependencias como las de Cota Cota o el centro pueden tener ciertas limitaciones pero no tienen por qué cerrarse. Tenemos que buscar iniciativas para apoyar a las facultades”, afirmó.
(Nota elaborada con datos de los periodistas Juan Mejía, Iván Condori y María Angélica Melgarejo).
