La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó este lunes a Colombia a fortalecer los mecanismos de investigación que conduzcan al esclarecimiento de los asesinatos y amenazas contra periodistas e imponer sanciones que permitan reducir la impunidad.
En el marco de su 72 Asamblea General, que termina hoy en la Ciudad de México, el organismo destacó que, de los 145 homicidios ocurridos desde 1977, «solo ha habido condenas en 20 casos y 70 más han prescrito, de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa.
Ante este contexto de «impunidad casi absoluta», la SIP pidió a la Fiscalía General de la Nación que dé prioridad a los casos emblemáticos, entre ellos el asesinato hace 30 años del entonces director del diario El Espectador, Guillermo Cano.
En su informe sobre Colombia, aprobado este lunes por la Asamblea General, la SIP destacó el secuestro por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de la periodista española Salud Hernández y los comunicadores Diego D’Pablos y Carlos Melo, del canal RCN, liberados pocos días después.
Además, apuntó, 157 periodistas denunciaron este año haber sido víctimas de algún tipo de conducta violatoria de la libertad de información.
El organismo expresó su preocupación por el aumento de las agresiones de miembros de la Policía Nacional contra periodistas, 13 casos en lo que va de 2016, y alertó riesgos en torno a los esquemas de protección a este gremio.
Al respecto, dijo que «hay registro de dos casos en los que las personas asignadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para custodiar a periodistas amenazados tenían relación con quienes los amenazaron».
La SIP, que tiene 1.300 publicaciones del continente asociadas, señaló que varias normas relacionadas con el referendo del 2 de octubre para aprobar el acuerdo entre el Gobierno y las FARC generaron reclamos «por vulnerar la libertad de prensa».
Además, alertó del aumento de «las acciones legales y los derechos de petición dirigidos a los medios, que -apelando al derecho al olvido- solicitan actualizar o eliminar contenidos, algo que sin lugar a dudas restringe la actividad periodística».
Teniendo en cuenta decisiones confusas y a veces contradictorias por parte de los jueces, el organismo confió en que «la Corte Constitucional unifique la jurisprudencia y precise el alcance del mal llamado ‘derecho al olvido'».
La SIP expresó su preocupación en torno a varios proyectos legislativos, entre ellos uno que restringe contenidos publicitarios y otro que obliga a los medios de comunicación a publicar todas las normas que se expidan a nivel nacional y regional (leyes, ordenanzas y acuerdos).
«Esta imposición de contenidos constituye una modalidad de censura», sentenció.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en el continente americano, tiene más de 1.300 publicaciones asociadas y su sede está en Miami (EEUU).
(17-10-2016)
