La violencia del narcotráfico y el autoritarismo representan las mayores amenazas a la libertad de expresión y de prensa en Centroamérica, denunció este lunes la SIP en la última jornada de su 72 Asamblea General en la Ciudad de México.
El ejercicio de estas libertades se vio condicionada «por factores coyunturales e intemporales» en Guatemala y por el agravamiento del autoritarismo del Gobierno en Nicaragua, indicó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en sus informes por país.
En Guatemala, el organismo dio cuenta del asesinato de un periodista, agresiones, intimidaciones, censura y ataques cibernéticos.
La seguridad de los medios y los periodistas en Guatemala «continúa siendo crítica» y hay regiones del país donde los comunicadores se autocensuran en la cobertura de hechos de violencia vinculados al narcotráfico por temor a represalias, destacó.
El Observatorio de los Periodistas del Centro de Reportes Informativos Sobre Guatemala (Cerigua) registró 47 agravios a la prensa hasta el 22 de septiembre y la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas de Guatemala había recibido 76 denuncias, detalló.
En tanto, dijo, Nicaragua «se ha agravado el autoritarismo del Gobierno, lo que genera mayores riesgos para la libertad de prensa y la democracia».
En este país cada vez hay menos medios independientes, un solo canal abierto y algunos de cable, mientras que la publicidad estatal es manejada como si fuera privada, apuntó.
El informe reflejó la inquietud por la situación política al señalar que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, consiguió el control absoluto de todos los poderes del Estado, incluyendo al Consejo Supremo Electoral, de cara a las elecciones del 6 de noviembre.
La SIP destacó que el Gobierno de Ortega ha expulsado a 14 personalidades que llegan a Nicaragua a dar conferencias sobre derechos humanos, además de que el Congreso ha declarado que no habrá observación electoral.
El pasado 7 de octubre, el director de «Confidencial», Carlos Fernando Chamorro, denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos actos de intimidación y espionaje político de parte de miembros del Ejército y del Frente Sandinista, agregó.
En El Salvador, el organismo celebró los avances de la justicia para sancionar «graves atentados contra la libertad de expresión», si bien sigue existiendo, desde el poder político, control y ocultamiento de la información pública.
La Prensa Gráfica y el Diario de Hoy han sido blanco de campañas y llamados a boicots comerciales por parte del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, después de que ambos medios fueron víctimas de ciberataques perpetrados por personas vinculadas a firmas relacionadas con la alcaldía, indicó.
En Honduras, los mayores riesgos provienen «de los elevados índices de violencia», con amenazas y censura de la información, además de la «impunidad en los casos de agresiones a periodistas y comunicadores».
Además, siguen vigentes figuras penales usadas para criminalizar y castigar a la crítica, y también leyes que limitan el acceso a la información pública.
En su informe sobre Costa Rica, la SIP destacó que prevalece «el uso de la publicidad oficial para premiar y castigar las líneas editoriales e informativas de los medios de comunicación».
En Panamá, dijo, se ha mantenido una relativa estabilidad en el ejercicio de estas libertadores, aunque siguen en el «limbo jurídico» procesos relacionados con la anulación de resultados electorales de 2014 que iniciaron por informaciones divulgadas por la prensa.
La SIP, cuya Asamblea concluye hoy tras cinco días de debates, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en el continente americano, tiene más de 1.300 publicaciones asociadas y su sede está en Miami.
