El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que la Policía tiene la obligación de ejecutar los mandamientos de apremio y que ninguna persona puede encubrir a autores de hechos delictivos en respuesta a la decisión tomada en Viloco respecto al cooperativista identificado como uno de los principales responsables de la muerte del viceministro Rodolfo Illanes.
“La Policía tiene como objetivo ejecutar mandamientos de aprehensión expedidos por el Ministerio Público”, afirmó en respuesta a la posición asumida en un ampliado por los pobladores de la región minera. Advirtió que ninguna persona puede “obstruir la aplicación de la justicia ni encubrir a presuntos autores de hechos delictivos”.
La Policía ejecutó la madrugada del 13 de octubre un operativo en la zona para detener a Ángel Arapaya, identificado por el Ministerio de Gobierno como uno de los principales responsables de la muerte de Illanes, durante el conflicto cooperativistas de agosto. La movilización de los vecinos frustró la acción de los uniformados.
Un ampliado en Viloco concluyó que coadyuvarán en la investigación, sin embargo exigen que la declaración a Arapaya sea tomada en cuenta en esta población. Además resolvió la suspensión de actividades escolares » por los traumas psicológicos sufridos a causa de los últimos hechos ocurridos en el centro minero”.
Romero explicó que la decisión del lugar de toma de declaraciones es responsabilidad de la Fiscalía y reiteró que cualquier ciudadano tiene la obligación de cooperar en la investigación.
“Eso es una obligación para cualquier ciudadano, para cualquier ciudadana boliviana y la norma es aplicable también en este caso específico para los pobladores de la localidad de Viloco”, insistió.
El 25 de agosto fue secuestrado y posteriormente asesinado a golpes Illanes en medio del conflicto cooperativista, que también dejó cinco cuentapropistas muertos, cuatro por impacto de bala.
