El poder electoral de Venezuela suspendió este jueves el proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, mientras que la justicia prohibió salir del país a ocho dirigentes de la oposición.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que, acatando medidas ordenadas por la justicia, decidió postergar hasta nuevo aviso la recolección de firmas que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) debía hacer la próxima semana para que se convoque la consulta.
Poco después, el excandidato presidencial Henrique Capriles denunció que un tribunal dictó prohibición de salida de Venezuela contra él, el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, y otros seis dirigentes opositores.
«íNos dictan prohibición de salida del país! íPierden una vez más su tiempo!», escribió en Twitter Capriles, al publicar una foto del dictamen judicial.
La medida estaría derivada de los fallos de los tribunales penales de varios Estados que anularon por «fraude» una primera recolección de firmas del 1% del padrón, realizada por la MUD en abril para promover el referendo, lo que paraliza, según el CNE, la etapa decisiva de la próxima semana.
La MUD, que acusa al CNE y a la justicia de estar a merced del gobierno, debía reunir, del 26 al 28 de octubre, cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral), como último paso para que las autoridades llamaran al revocatorio.
Torrealba, que aún no reaccionó a la medida en su contra, anunció que «la alternativa de lucha» de la oposición con este nuevo escenario «está siendo consultada y consensuada con todos los sectores» y se anunciará el viernes.
«No podrán posponer el cambio que el país está reclamando», agregó el portavoz de la MUD, cuyos dirigentes venían advirtiendo desde hace días posibles decisiones contra el proceso por parte de la justicia y del poder electoral.
Capriles advirtió que el gobierno lleva al país a «un escenario muy peligroso y de aumento de la crisis». «Maduro se declaró en desobediencia, no respeta la Constitución», aseguró.
Más temprano, sin referirse directamente a las sentencias, Maduro aseguró que los opositores «hicieron un fraude gigantesco». «Y la tramposería sale», dijo antes de partir en la tarde a una gira por Oriente Medio.
La MUD estaba segura de superar holgadamente el mínimo exigido del 20%, dada la impopularidad del presidente socialista por la grave crisis económica, reflejada en una aguda escasez y una inflación que el FMI calcula en 475% este año.
Según la encuestadora Datanálisis, un 76,5% de los venezolanos reprueba la gestión del presidente socialista y 62,3% votaría por revocarlo.
Polémicas sentencias
Los estados donde los tribunales penales dejaron sin efecto el proceso son Aragua, Apure, Bolívar y Carabobo. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, incluyó a Monagas, aunque el CNE no lo mencionó.
Luis Emilio Rondón, único de los cinco rectores del CNE afín a la oposición, dijo no compartir la decisión porque «medidas cautelares penales no deben paralizar la expresión de la soberanía popular».
El constitucionalista José Ignacio Hernández aseguró a la AFP que la decisión del CNE es «totalmente» contraria a la Carta Magna, pues «un tribunal penal no puede anular un proceso comicial».
Hace meses, el oficialismo interpuso ante los tribunales 8.600 acciones legales contra la recolección del 1% aduciendo que la MUD incluyó firmas de fallecidos, menores de edad y convictos.
«Ellos han sido fraudulentos siempre», «¿No metieron 50.000 muertos ahorita en el fraude que hicieron? ¿No falsificaron la firma de 50.00 personas ahorita en la recolección de firmas?», señaló Maduro temprano.
En reiteradas ocasiones, el oficialismo aseguró que cerraría el paso al referendo contra Maduro, elegido en abril de 2013 tras la muerte de su mentor Hugo Chávez y cuyo mandato concluye en enero de 2019.
El camino para la MUD ha estado lleno de obstáculos. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió el lunes que en esta última fase se debía recaudar firmas equivalentes al 20% del padrón electoral de cada uno de los estados, por lo que con solo uno que no cumpliera la meta, invalidaba el proceso.
El CNE también ya había adelantado que, si se reunían las rúbricas, la consulta se haría a partir de febrero de 2017, cuando Maduro, en caso de ser revocado, podía ceder el poder a su vicepresidente.
Pese a tener todo cuesta arriba, la oposición estaba confiada en que la presión ciudadana obligaría al CNE a realizar el referendo este año para que hubiera elecciones anticipadas.
(21-10-2016)
