La declaratoria, ayer, de emergencia nacional por la sequía y falta de agua en varias ciudades ratifica que esta cuestión es un problema de primer orden. Es probable que en las siguientes semanas todos los esfuerzos se concentren en mitigar los efectos de la carestía, informar a los ciudadanos y en ir recuperando paulatinamente cierta regularidad en el servicio.
No es tiempo de reproches o luchas políticas, aunque son muchos los tentados a seguir ese camino, sino de soluciones eficaces, pues ya habrá tiempo para lo otro. Sin embargo, la emergencia no debe opacar la necesidad de asumir la cuestión en toda su dimensión y avanzar en una resolución de los problemas estructurales e institucionales que han llevado a esta situación de escasez.
A menudo los sucesos imprevistos y dolorosos alertan y motivan a actuar sobre situaciones que hasta ese momento no se percibían en toda su complejidad. La Paz ya ha conocido una situación parecida, la riada de 2002 despertó la solidaridad con los damnificados y obligó a realizar obras de mitigación y de arreglo, pero sobre todo fue el punto de partida de un cambio de largo plazo en la gestión hídrica de la urbe, que derivó en inversiones anuales, en la renovación de los sistemas de prevención de desastres y en una nueva institucionalidad que sigue funcionando hasta hoy.
Tal reacción es la que cabe esperar ahora de todas las autoridades involucradas en la cuestión del agua. Acabar con la transitoriedad en la gestión de EPSAS es uno de los primeros aspectos que se debe resolver. Se precisa un ente con todas las capacidades y competencias para planificar y manejar integralmente los sistemas de agua y saneamiento metropolitanos, no solo por eficacia, sino para rendir cuentas. Así se evita el lamentable espectáculo de autoridades que no parecen responder a nadie. Los municipios metropolitanos deben constituir, de una vez por todas, una nueva empresa de aguas, resolviendo los problemas que se han sumado hasta ahora, y el Gobierno nacional debe colaborar con todos los recursos necesarios.
Asimismo, habrá que diseñar un programa de inversiones de largo plazo que garantice nuevas fuentes de agua, considerando los escenarios de cambio climático que enfrentará la región en los próximos decenios, y a renovar las redes de agua y alcantarillado de la metrópoli. Esto requerirá de muchos recursos y de un gran apoyo del Gobierno, y deberá ser coordinado y ejecutado mancomunadamente aprovechando la nueva institucionalidad. Si se logran estas metas, la actual crisis podría desembocar en una experiencia valiosa de acción conjunta para gestionar servicios básicos metropolitanos que luego puede ser un ejemplo para otros grandes desafíos: la basura, el transporte o la seguridad ciudadana. No hay, pues, excusa, en estos temas, las únicas salidas son las mancomunadas: o salimos todos o no sale nadie.
