El Centro de Control y Monitoreo de Rabia de Santa Cruz (lo que era la perrera municipal) fue cerrado y precintado, seis de sus ocho funcionarios fueron despedidos y tres de ellos serán sometidos a un proceso penal por el delito de biocidio (matanza con saña de animales), informa hoy La Razón en su edición impresa.
Las decisiones fueron adoptadas como consecuencia de la matanza de 11 perros en ese predio, con signos de fuertes golpes en la cabeza y ahorcamiento. El hecho fue denunciado por activistas por los derechos de los animales y causó indignación en las redes sociales.
La presidenta del Consejo Municipal, Angélica Sosa, se declaró consternada por este hecho y demandó que la ley se aplique con todo su peso contra los responsables. La Ley para la Defensa de los Animales contra Actos de Crueldad y Maltrato sanciona con dos a cinco años de cárcel y con un tercio más de la pena máxima cuando se mata a más de un animal.
“Es reprochable la actuación de las tres personas que autorizaron esto, ahora la Justicia debe aplicar el máximo rigor de la ley”, dijo Sosa.
Los extrabajadores arguyeron que los animales tenían rabia, pero los activistas cuestionaron la crueldad con que se les quitó la vida. Además, Litzy Barreto, del grupo Anomalística, indicó que solo dos de los 11 animales dieron positivo al examen de rabia.
Un grupo de activistas protagonizó ayer en Santa Cruz una marcha en demanda de castigo para los responsables de esta matanza y hoy se movilizará nuevamente con el mismo objetivo. En La Paz también se anunció otra movilización en horas la tarde en la plaza Abaroa de la zona de Sopocachi.
El gobierno municipal de Santa Cruz prevé habilitar un albergue temporal para los animales en reemplazo del centro clausurado. (25-10-2016)
