Un juzgado de Santa Cruz admitió este jueves una acción popular para preservar los derechos ambientales de dos tramos de la polémica carretera Las Cruces-Buena Vista. La Sala Constitucional Primera analizará la solicitud el próximo martes.
La acción popular fue presentada por la diputada de Creemos María Reneé Álvarez junto a otros legisladores, con el objetivo de que no se pueda construir ninguna vía por el sector acuífero.
“Hemos solicitado una medida constitucional que esperemos que sea admitida a favor de los cruceños, a favor del medio ambiente. Y para precautelar la vida para los ciudadanos que habitamos en Santa Cruz”, dijo Álvarez.
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Carretera
El abogado Juan Carlos Camacho confirmó que este jueves se admitió el recurso y confían en que el juez valore que solo se busca proteger los intereses de la población y el agua.
“Evidentemente en uno de los tramos que se planea construir la carretera hay acuíferos que están destinados a la provisión y suministro de agua al área metropolitana de Santa Cruz. La acción popular busca la tutela y la protección no solo de los intereses de proteger el agua para los cruceños. Además, la autodeterminación del territorio; y derechos constitucionales de las personas en esta región que se vulneraron con un proyecto que atenta la vida; y la atención de un recurso fundamental como es el agua”, explicó.
La construcción de la carretera Las Cruces-Buena Vista tiene enfrentados al Gobierno y la Gobernación cruceña. El primero apunta a hacer respetar un acuerdo intergubernativo firmado por el gobernador Luis Fernando Camacho (recluido en Chonchocoro); mientras que el Legislativo cruceño se niega a aprobar dos tramos asegurando que afectará a los acuíferos de la zona.
En un intento por destrabar el conflicto, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, planteó la realización de un estudio internacional que viabilice la construcción del proyecto.
