De los actuales 28 magistrados titulares del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, 20, es decir un 71,42%, tienen una o más denuncias de proceso ante la Asamblea Legislativa. De 133 demandas hechas, se planteó abrir seis juicios de responsabilidades.
En los cuatro años y diez meses de gestión de las actuales autoridades judiciales, electas mediante voto popular en 2011, el Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados recibió 133 denuncias, entre la actual y la anterior legislatura, la mayoría por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución, uso indebido de influencias, extorsión y prevaricato, según informa hoy el diario La Razón en su edición impresa.
El presidente del Tribunal Constitucional, Oswaldo Valencia, afirmó que las autoridades judiciales están sujetas a un procedimiento especial, mediante el cual cualquier ciudadano que tenga alguna observación al trabajo de los magistrados puede presentar su denuncia ante la Asamblea.
«En el caso mío, hay unas denuncias entre particulares y, en su momento, cuando nos han convocado hemos acudido a prestar nuestras declaraciones y, como son problemas entre particulares, se ha explicado que siguen la vía jurisdiccional, para que los miembros de la comisión consideren los hechos», explicó el magistrado.
El presidente de la Comisión del Comité, el diputado Juan Cala, informó que de 133 denuncias recepcionadas fueron admitidas 85, de las que ya hay seis que tienen sugerencia para la apertura de juicios de responsabilidades contra los magistrados Cristina Mamani, Freddy Sanabria, Róger Triveño y Wilma Mamani, del Consejo de la Magistratura; y contra Bernardo Huarachi del Tribunal Agroambiental; y Mirtha Camacho, del Tribunal Constitucional.
Desde el 2011 hasta la fecha solo dos magistradas fueron suspendidas: Zoraida Chánez y Ligia Velásquez del Tribunal Constitucional. En tanto que, el magistrado suspendido de ese tribunal Gualberto Cusi enfrenta un juicio de responsabilidades en el Senado.
(05/12/2016)
