El Ministerio Público abrió la posibilidad de ampliar al delito de homicidio culposo la investigación sobre el accidente de la aeronave de la empresa boliviana LaMia, que dejó 71 muertos y seis sobrevivientes, informó el fiscal General, Ramiro Guerrero. La decisión está sujeta a los elementos que se encuentren en el curso de la pesquisa.
“(El caso) es por incumplimiento de deberes en un primer momento, pero estamos viendo en la investigación, el curso que nos de esta investigación seguramente puede darse hasta por homicidio culposo”, señaló.
El Código Penal define el homicidio culposo como el «que por culpa causare la muerte de una personas» y establece condenadas de seis meses a tres años, aunque la sanción penal sube a cinco años de producirse la muerte «como consecuencia de una grave violación culpable de los deberes inherentes a una profesión, oficio o cargo».
La investigación busca encontrar a los responsables de la autorización del vuelo del 28 de noviembre, que se precipitó a tierra y estrelló contra el cerro el Gordo, en Medellín, Colombia.
Según Guerrero, la indagación permitirá establecer la constitución, operación y permisos de la línea aérea en lo administrativo, como en lo operativo el plan de vuelo y los responsables.
En Santa Cruz, la comisión de fiscales comenzó las indagaciones con allanamientos a la oficina en la que trabajaba Celia C., la funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) que no habría reportado a sus superiores las irregularidades que identificó en el vuelo de LaMia.
“Se ha tomado la decisión de conformar este equipo de fiscales que ya está en Santa Cruz. Los fiscales ya están trabajando desde ayer y se han emitido varios requerimientos, información a AASANA, DGAC y otras instancias”, detalló Guerrero.
Para este miércoles, confirmó que se tiene previsto que una comisión de fiscales de Brasil y Colombia arribe a Santa Cruz para indagar e intercambiar información sobre el siniestro en el que perdieron la vida 71 personas, la mayoría del club brasileño Chapecoense.
Por este caso, se iniciaron procesos administrativos a los exdirectores de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), general Virgilio Pereira y Julio César Varela, además del general Tito Gandarillas, exdirector de AASANA.
Mientras que la querella penal es contra el Director de Registro Aeronáutico Nacional de la DGAC, Gustavo Steven Vargas Villegas y la funcionaria AASANA Celia C. por el presunto delito de tráfico de influencias. De esta última se conoció el lunes que huyó a Corumbá, Brasil, en busca de refugio.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, consideró que en este caso se deba aplicar el procedimiento de “expulsión automática” de la funcionario. (06-12-2016)
