El informe final de las investigaciones sobre la ocurrido con el vuelo de LaMia será presentado el próximo 20 de diciembre por el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.
«Actualmente nuestra institución se encuentra recopilando datos y documentación de las instituciones involucradas en este hecho (DGAC y AASANA) a objeto de esclarecer y determinar responsabilidades», establece un comunicado del Ministerio de Obras Públicas.
El 1 de diciembre, el Gobierno decidió suspender el certificado de operador aéreo de LaMia Corporation SRL a raíz de la investigación abierta por el accidente de una de sus naves la noche del 28 de noviembre en Antioquia-Medellín, Colombia, que dejó como saldo 71 personas muertas, entre ellas 19 jugadores del equipo brasileño Chapecoense, que debía jugar, un día después, la primera final de la Copa Sudamericana.
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También determinó alejar de sus cargos a las máximas autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), que estaban a cargo de Julio César Varela y Tito Gandarillas, respectivamente.
Ese día, 1 de diciembre, Claros informó sobre la apertura de dos investigaciones. La primera para conocer el detalle de los capitales para la constitución de la empresa, el número de accionistas, y los nombres de las personas de la planta administrativa; y una segunda, para establecer responsabilidades en funcionarios por una supuesta habilitación irregular de la línera aérera que se especializó en vuelos charters.
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Solo seis personas salvaron la vida en el accidente en el Cerro Gordo de Antioquia: la asistente de vuelo Ximena Suárez; el técnico del avión Erwin Tumiri; los jugadores Alan Ruschell, Helio Neto, Jackson Follman; y el periodista brasileño Rafael Henzel.
El jueves, la Fiscalía aprehendió al exdirector de Registro Aeronáutico Nacional de la DGAC, Gustavo Vargas Villegas, hijo del gerente general de LaMia, Gustavo Vargas Gamboa, en medio de una denuncia de tráfico de influencia para la habilitación del certificado de operaciones.
Vargas Gamboa recibió, también el jueves, medidas cautelares en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para que se defienda desde prisión. Otras personas investigadas son Celia Castedo, la funcionaria de AASANA en el aeropuerto de Viru Viru de la capital cruceña que permitió la salida del avión de LaMia pese a observaciones, y Marco Antonio Rocha, socio de la empresa y que estaría fuera de Bolivia.
(09/12/2016)
