En octubre, el Comandante de la FELCC denunció la liberación de decenas de reclusos del penal de San Pedro, sindicados o acusados por robo agravado, principalmente, pero también por homicidios, hurto y violaciones. Además, agregó que igual determinación había sido asumida en Santa Cruz, Cochabamba y Oruro. Días atrás, las autoridades policiales confirmaron esta denuncia, especificando que entre septiembre y octubre habrían sido liberados en total 60 reclusos del penal paceño, de los cuales al menos 15 son reincidentes, con un largo prontuario que incluye robos agravados, asociación delictuosa y violaciones, entre otros delitos.
Como es de suponer, estas polémicas liberaciones, que “casualmente” han ocurrido en vísperas de Navidad y Año Nuevo (fechas en las que tiene lugar un fuerte movimiento económico), han causado preocupación e indignación entre la ciudadanía, que sigue a la espera de que alguna autoridad judicial explique el porqué de estas determinaciones, o se asuman acciones contra los jueces y fiscales responsables de estos hechos. Mientras tanto, estas liberaciones serán interpretadas como un síntoma más de un sistema judicial cuyo propósito último no es impartir justicia, sino “recaudar” dinero a través de redes de extorsión que han internalizado la corrupción dentro y fuera de los juzgados.
