Va a haber otro referéndum para modificar la Constitución Política del Estado a fin de permitir que Evo Morales vuelva a ser candidato a la presidencia. Están haciendo lo necesario para asegurarse de que así sea: destartalan a cualquier adversario por la vía de la muerte civil rápida, quitándole el empleo o recluyéndolo en la cárcel sin el debido proceso, por intermedio de un sistema judicial indeseable, maquiavélico, tortuoso, costoso, incierto y denigrante; con la participación de fiscales, policiales y jueces.
Previsiblemente, Evo se va a presentar a las elecciones de 2020 porque en este nuevo referendo el “No”, endilgado al montaje del “cartel de la mentira”, será reducido a la mínima expresión de la única forma democrática que puede lograrse un acto inconstitucional cuando no alcanza la campaña ni el dinero: sumando ambiciones. Si la propuesta incluye la reelección de los gobernadores, alcaldes, asambleístas, parlamentarios y concejales inhabilitados como el Presidente del Estado para presentarse en los próximos comicios, se les armó la fiesta.
En lugar de gastar papel, tinta y tiempo en combatir esta posibilidad, arguyendo que no se puede, que viola la Carta Magna, que quieren eternizarse en el poder, que buscan repetir y lograr lo mismo, es decir, nada, sería interesante, propositivo y estimulante variar un poco, ingresando al escenario diseñado por los gobernantes. El punto está en qué cambia si Evo sigue de presidente hasta que se canse o lo reemplace otro, en este modelo de país que no cambia, sea cuál sea el gobernante.
La Constitución dice muchas cosas, mal redactadas, entreveradas, otras más claras, pero ¿a quién le sirve? A la población, en su mayoría, no la ampara, ni la representa, ni la toma en cuenta a la hora real del día. Y si al Presidente tampoco le sirve, ¿no sería más honesto y propicio reescribirla sin que metan mano los burócratas consultores que se perdieron en la invención de palabras y de conceptos “competenciales”, “integrales” y “originario-campesinos”, impronunciables y vacíos?
Por ejemplo, ¿cómo se diferencian los usos y costumbres que incorporan como justicia comunitaria del maltrato y la violencia, especialmente hacia los niños, las mujeres y los más débiles? Pregunté estos años en algunas comunidades cómo se sienten ahora que son “originario-campesinos”, y me sonrieron sin la menor idea de lo que se trataba. La educación superior, que dicho en serio debería ser la de la infancia, coparticipa de manera especial con recursos del Estado y tiene un trato discriminador respecto a los maestros escolares: ¿qué diferencia existe entre un profesor universitario y una maestra rural? ¿No es más meritorio lo segundo, respecto a su función social, que lo primero? ¿Por qué a la Policía, que cada diciembre sale a las calles para ejecutar la revisión técnica vehicular, no se la ve el resto del año en una acción preventiva de seguridad pública? ¿Qué hacen los militares para llevarse la mayor porción del presupuesto nacional con enormes predios urbanos y sin vigilar cada kilómetro de frontera del país, donde los ilícitos de la trata de personas, el contrabando y el narcotráfico tienen zona franca?
Es la larga la lista de pomposos enunciados constitucionales. El de la reelección, en estos momentos, es el que menos me ocupa. En todos los gobiernos, con las variantes de los problemas que ha ido introduciendo la modernidad, la posmodernidad y la globalización; con la anterior o la actual Constitución; la cultura profunda ha sido y sigue siendo la violencia, la viveza originaria y criolla y la desigualdad.
