El Congreso de Colombia comenzaba este lunes a estudiar el primer proyecto de ley presentado por el gobierno para garantizar la aplicación del acuerdo de paz con las FARC, con la presencia de seis voceros del grupo rebelde en las discusiones.
Se trata del proyecto de ley de amnistía, que está siendo debatido mediante un mecanismo especial de vía rápida -conocido como ‘fast track’- aprobado la semana pasada por la justicia y que permite reducir el número de debates necesarios para la validación de las normas relacionadas con el pacto de paz.
El comienzo de las discusiones coincidió con una decisión del Consejo de Estado, máximo tribunal en lo contencioso administrativo, de decretar «medidas cautelares de urgencia» en las que ordenó al Congreso y al gobierno de Juan Manuel Santos «avanzar con la implementación» del acuerdo firmado en noviembre con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).
El senador del oficialista Partido de La U, Armando Benedetti, ponente del proyecto, se dirigió a los congresistas para explicar que la ley de amnistía consiste en «un beneficio con base en verdad y reparación», que deberán entregar los guerrilleros.
Detalló también que esta legislación cobijará a agentes estatales inmersos en delitos en el marco del conflicto, aunque con «un tratamiento especial», y que la llamada «amnistía exprés» se dará a unos 5.000 guerrilleros rasos, listados por las FARC, que solamente «hayan cometido delitos políticos».
Dar «solidez jurídica» al pacto
El proyecto, que incluye «disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales», comenzó a ser discutido de manera conjunta por comisiones del Senado y la Cámara de Representantes, como establece el ‘fast track’.
El presidente Juan Manuel Santos, anunció desde la Casa de Nariño (sede presidencial), que el gobierno presentará este lunes otros proyectos de ley para darle «solidez jurídica» a los acuerdos.
«El primero tiene que ver con la jurisdicción especial de paz y paralelamente se presenta un proyecto sobre el tratamiento a los agentes del estado», dijo Santos.
En un hecho histórico intervinieron por primera vez ante el Congreso, como representantes de las FARC, dos de los seis voceros de la agrupación política Voces de Paz y Reconciliación, inscrita la semana pasada ante la autoridad electoral.
Imelda Daza y Jairo Estrada hicieron un llamado para avanzar con agilidad en la aprobación e implementación del acuerdo logrado en La Habana y «pasar la página» de la violencia en Colombia.
«Bien sabemos que para el Congreso el tiempo es oro, pero para el pueblo colombiano el tiempo es sangre, apresurémonos a aprobar y a implementar el acuerdo de paz para poder vivir como ciudadanos civilizados», dijo Daza.
«Engaño» en plebiscito
El Congreso, que será clave en la implementación de la paz, ya refrendó a fines de noviembre el pacto entre las FARC y el gobierno, luego de que el acuerdo fuera renegociado para incluirle propuestas de la oposición tras el rechazo del texto original en un plebiscito el pasado 2 de octubre.
Precisamente en la misma decisión en que instó este lunes a la rápida aplicación del acuerdo, el Consejo de Estado admitió una demanda de «nulidad electoral» contra el plebiscito, en el cual el «No» al acuerdo -promovido principalmente por el expresidente derechista Álvaro Uribe- ganó por estrecho margen.
Según un comunicado del alto tribunal, «el hecho de que ganara el No en el plebiscito (…) fue el producto de la violencia por engaño a que fueron sometidos los colombianos por parte de quienes impulsaron dicha campaña».
El Consejo de Estado citó mensajes difundidos por los promotores del «No» relacionados con que el pacto de paz traería «la eliminación de subsidios, la supuesta afectación al régimen pensional» o hasta «el cambio a un modelo de Estado como el de Venezuela».
El líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño (Timochenko), reaccionó a la decisión judicial y escribió en Twitter que «Uribe NO entendió que (el) plebiscito no trataba de quién ganaba o quién perdía, era algo serio, trataba de finalizar la guerra y construir la paz».
El conflicto armado colombiano, que ha involucrado a guerrillas, paramilitares y agentes estatales, ha dejado al menos 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados en más de medio siglo.
